Alegato municipalista

El continuo goteo de escándalos inmobiliarios que salpican día sí y el otro también a los gobiernos locales de diversas partes del país, está contribuyendo a que se divulgue la especie que "gestión municipal es igual a corrupción". Y no dejan de oírse voces que postulan una reducción significativa de las competencias locales o un control más férreo de su capacidad de gobierno. No cabe solución más errónea a los problemas que tienen planteados el país y sus gentes. La postración financiera de los municipios, fruto de las promesas reiteradamente incumplidas de equilibrar la capacidad de gasto público entre las tres esferas de gobierno (me niego a hablar de niveles de gobierno, con una lógica jerárquica que dista de ser postulable), está obligando a los gobiernos locales a recurrir a la espita de las plusvalías derivadas de su gestión del suelo. Y ello se da en momentos en que los niveles de presión inmobiliaria han alcanzado cotas absolutamente insospechadas, fruto de esa combinación diabólica de dinero negro en busca de refugio, desgravación fiscal por vivienda y política agresiva de las instituciones financieras para situar las hipotecas a los niveles de los alquileres aunque sea a costa de alargar las mismas más allá de la esperanza de vida. Lógicamente, el eslabón más débil de la cadena de los poderes públicos en España son los municipios, y a ellos dirigen sus mandíbulas los tiburones financieros.

No hay conclusión más equivocada de ese conjunto de factores que reclamar la minoración gubernamental de la esfera municipal. Precisamente cuando cualquier analista serio de la realidad de nuestro tiempo, se da cuenta de que sólo reforzando los poderes locales podremos hacer frente a los retos sociales planteados. Es evidente que el gobierno local se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más compleja y heterogénea de lo que lo hacía años atrás. Pero, precisamente, el cambio de época en el que estamos inmersos resitúa la significación y la capacidad de gobierno de los ayuntamientos. La vida de los ciudadanos y ciudadanas está hoy más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo, su familia, su vida, de lo que lo estaba hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. Y cada vez más la calidad de la política se medirá a partir de lo que ocurra en la decisiva esfera de la cotidianeidad, de los estilos y formas de vida.

Son precisamente los ayuntamientos y sus equipos de gobierno los que desde posiciones de primera fila deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local, y en la resolución de unos problemas cada vez más complejos y más difíciles de resolver desde el nivel en el que están hoy situados los recursos y las estructuras de gestión de que disponen los gobiernos locales. Si algo queda claro es que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la proximidad de los gobiernos locales. Sin los ayuntamientos no hay bienestar ciudadano. Hace unos meses, Le Monde publicaba un artículo en el que se mencionaban los crecientes costes emocionales de ser alcalde ante el aumento constante del sufrimiento psicosocial de la población y sus repercusiones en relación con el escalón político-administrativo al que primero acuden y que siempre está cerca. El alcalde acaba siendo el recogepelotas final de un conjunto de temas y de problemáticas que por su complejidad, por su trasversalidad, por su falta de adecuación con un específico servicio o negociado, requieren una atención integral. Y ello se aborda desde el nivel local se tengan o no las competencias para ello. Como afirmaba a menudo el que fuera alcalde de Vitoria por muchos años, José Ángel Cuerda, "donde acaban las competencias de los alcaldes empiezan sus incumbencias".

En muchos municipios, donde los concejales son escasos y con dedicación parcial, donde los técnicos son contados, con pocos recursos y sobrepasados por los acontecimientos, los alcaldes se convierten en la trasversalidad y la integralidad con patas. Son ellos los que muchas veces han de llamar a éste o aquél para desencallar un escollo, reclamar un servicio a una administración superior, aprovechar un pasillo o una reunión de otro tema para desatascar un asunto que por los canales previstos se eternizaría o llegaría demasiado tarde. Y si ello es más o menos fácil para los alcaldes de las grandes ciudades, a los que les toca representar a los pequeños municipios la cosa se les complica enormemente. Esa constante labor de gestión de incidencias, de agente multinivel, se puede hacer mejor o peor. Pero lo que es seguro es que resulta cada día más relevante para el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la poca o mucha calidad de vida de una población. Una población alejada de los vericuetos de poder y perdida en muchos casos ante la indiferencia de unos servicios autonómicos o estatales que pueden no sentir al mismo nivel esa presión directa y constante de la calle. Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas trasversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. Hace falta sumar esfuerzos, generar complicidades y consensuar procesos de avance, en el marco de unas opciones estratégicas definidas de manera comunitaria, aprovechando las oportunidades de la proximidad territorial. Ése es el reto de los gobiernos locales en los momentos que vivimos. No mezclemos churras con merinas. Mejoremos los controles sobre las recalificaciones urbanísticas, castiguemos sin compasión a los que se aprovechen en beneficio propio o del partido de turno de esa presión inmobiliaria, pero no confundamos cuatro sinvergüenzas con miles de alcaldes que tratan de hacer lo que pueden sin los medios adecuados. No les convirtamos en héroes de la proximidad, pero tampoco les descalifiquemos como mediadores inmobiliarios. Los necesitamos más que nunca.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.