El PSOE y el PP llegan a un acuerdo para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha

Representantes del Grupo Socialista y del Grupo Popular de las Cortes de Castilla-La Mancha han trabajado en sigilo hasta conseguir un acuerdo en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía de su región. El acuerdo lo anunció ayer por sorpresa el presidente de esa comunidad, José María Barreda, y el próximo lunes ambos grupos parlamentarios presentarán en las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición de Ley de Reforma del Estatuto.

Éstos son los principales acuerdos en torno al agua, la financiación y la definición.

- Caducidad del trasvase en 2015. Los poderes públicos del Estado y de Castilla-La Mancha velarán para que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, hasta su definitiva extinción que, en todo caso, se producirá en 2015.

- La Junta decide toda cesión de agua. La Junta de Comunidades emitirá un informe preceptivo y determinante sobre cualquier propuesta de trasvase, transferencia, cesión, transacción o intercambio de agua dentro de una misma cuenca o entre cuencas que utilice infraestructuras o afecte a cauces que discurran total o parcialmente dentro de Castilla-La Mancha. La Junta se reserva el derecho de ejercer la asignación y utilización preferente de dichos recursos, para atender necesidades de la región.

- La Junta, con voz y voto en los órganos de gestión. Hasta que se produzca la extinción del trasvase Tajo-Segura, la Junta participará con voz y voto en los órganos permanentes de gestión y control constituidos en relación con el citado trasvase en proporción a su extensión territorial.

- Plan Hidrológico para 2009. El nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, que deberá estar aprobado en 2009, fijará la dotación suficiente para las necesidades y derechos reconocidos a favor de Castilla-La Mancha, la disminución progresiva de los caudales trasvasables así como el incremento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades medioambientales de la propia cuenca.

- Inversiones por población y extensión. La inversión anual en infraestructuras del Estado en Castilla-La Mancha, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será, al menos, equivalente al porcentaje medio que resulte de considerar el peso de la población regional sobre el conjunto del Estado, la participación relativa del PIB regional con relación al del Estado y el porcentaje que representa la extensión territorial de la comunidad sobre la extensión territorial del Estado.

- Dentro de la nación española. Castilla-La Mancha se define como una comunidad autónoma integrada en la nación española, patria común de los españoles.

El anuncio del acuerdo se hizo con toda solemnidad en una comparecencia del presidente autónomo, José María Barreda, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, flanqueado por sus vicepresidentes Fernando Lamata y Emiliano García-Page. "El acuerdo mejorará la convivencia de los castellano-manchegos y mejorará la posición de la comunidad en el conjunto de España", aseguró. Barreda se refirió singularmente al control de los recursos hidrológicos: "No se podrán sacar nuestros recursos para llevarlos a otro lugar; legalmente será imposible". Barreda precisó, no obstante, que se da el tiempo suficiente para que "funcionen alternativas al trasvase" para el abastecimiento humano de las regiones receptoras de agua del Tajo.

El acuerdo es relevante, además, porque lo asume la candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que recoge el trabajo iniciado hace un año por sus compañeros. "Los ciudadanos deben sentirse orgullosos con el futuro Estatuto, en el que se recogen fórmulas para su autogobierno y los derechos que sobre el agua tendrá la comunidad más solidaria de España", afirma Cospedal.