Los afectados llevan al Síndic la autovía de Orihuela

El Síndic de Greuges ha admitido a trámite una queja de la Plataforma de Afectados por el Nuevo Trazado de la Autovía de la Vega Baja. El colectivo, integrado por unos 500 propietarios de terreno agrícola, ha llevado a la Sindicatura la nueva infraestructura, que discurrirá entre Orihuela y Guardamar del Segura por el interior de la comarca, por el negativo impacto ambiental del vial. La entidad ha presentado más de 3.000 alegaciones al proyecto, que también rechazan los ecologistas.

Los afectados propugnan que la Consejería de Infraestructuras, que ejecutará el proyecto, retome como alternativa el primitivo trazado diseñado en el año 2002. Los agricultores mantienen que esa alternativa era menos gravosa tanto por el menor número de afectados como por la extensión de terreno afectada por las expropiaciones.

Con el nuevo trazado los agricultores afectados se elevan a 600, la mayoría pequeños propietarios de terreno agrícola y de construcciones de apero. La superficie total de afección es de 6.000 hectáreas. Los dueños de las parcelas estiman el valor del terreno en unos 318 millones de euros. Mientras, el valor del suelo afectado por el trazado inicial apenas era de 30 millones de euros.

En paralelo, a la iniciativa de la plataforma de afectados de denunciar el proyecto al Síndic de Greuges, el pleno del Ayuntamiento de Orihuela, que preside José Manuel Medina, del PP, aprobó ayer una moción en la que insta a la Generalitat Valenciana a que "respete las alegaciones de los afectados y que, en la medida de lo posible, respete el trazado inicial propuesto en 2002". La moción fue una iniciativa del regidor y contó con el respaldo de todos los grupos municipales de la Corporación.

Mientras, la oposición de los grupos ecologistas a la futura autovía radica en que la carretera invadirá 30.000 metros cuadrados de una zona húmeda protegida, en la desembocadura del río Segura. La Coordinadora la Vega Baja no se Vende -entidad que aglutina a una veintena de grupos cívicos y conservacionistas- asegura que ese humedal está incluido desde el año 2002 en el catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. En sus alegaciones, la coordinadora también denuncia que el proyecto supondría la destrucción de medio millón de metros cuadrados de huerta tradicional.