UGT-PV devuelve 1,3 millones para fondos de formación que gestionó irregularmente

El sindicato UGT-PV ha devuelto ya 1.325.000 euros que recibió para realizar cursos de formación y que la Generalitat le reclamaba al considerar que no fueron justificados convenientemente. El sindicato comunicó ayer el pago de esta cantidad y explicó que ha podido hacerle frente acudiendo a créditos con distintas entidades financieras, con las cuotas de sus afiliados y con el apoyo del sindicato en Madrid.

El sindicato recordó ayer el proceso que ha concluido con la devolución de 1,3 millones de euros destinados a formación. En 1993, el sindicato suscribió un convenio con la Consejería de Trabajo y recibió en torno a 4,5 millones de fondos europeos para realizar formación profesional ocupacional. El 29 de junio de 1995 el director general de formación en aquel momento emitió una resolución en la que reclamaba al sindicato la devolución de 1,37 millones "por no estar plenamente justificados". En julio de ese año, recién llegado Consell del PP, UGT-PV presentó un recurso extraordinario de revisión de aquella resolución y en enero de 1996 la Generalitat estimó en parte dicho recurso y modificó la resolución hasta rebajar la cantidad reclamada a 300.000 euros. Cantidad que el sindicato que dirige Rafael Recuenco pagó. Pese a ello, en 1999 la Consejería de Economía emitió otra resolución revocando la de 1996 y exigiendo a UGT la devolución de 1,33 millones. El sindicato recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia contra la resolución de 1999 y la Generalitat hizo otro tanto contra la decisión de 1996. El TSJ dio la razón al Gobierno valenciano. El último paso llevó a UGT a recurrir ante el Tribunal Supremo que no admitió los planteamientos.

Los fondos de formación también salpicaron a la patronal de Valencia (CEV), a la que el Supremo condenó a devolver a la Generalitat 1,5 millones que recibió para financiar cursos de formación en los años 1993, 1994 y 1995 y cuyo destino no justificó. La cantidad se ha visto reducida hasta los 0,87 millones: 390.657 euros se descontaron porque ya se habían pagado al Tribunal de Cuentas y 240.404 porque la Generalitat admitió justificantes que primero no dio por buenos.