El Ayuntamiento de Roquetas y el centro Gran Plaza incumplen otra sentencia de demolición

Hace 39 meses que General de Galerías Comerciales S A y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fueron condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería a demoler un muro que el primero construyó con el visto bueno del segundo en el terreno trasero colindante a la superficie comercial. Francisco Martín Sierra, propietario del terreno y agricultor de 72 años, denunció que las obras del centro comercial Gran Plaza habían suprimido el vial que separaba ambos terrenos. Ni el auto de ejecución dictado por otro juez cinco meses después surtió efecto. Otra sentencia, recurrida por el Consistorio y la empresa, obligaba paralizar las obras de instalación de una tubería.

La finca de Francisco Martín Sierra ha quedado literalmente encajonada junto al talud artificial que General de Galerías levantó contiguo a su invernadero, propiciando una escasa ventilación en sus cultivos "que han descendido en un 50%", se queja el agricultor. La sentencia fechada el 2 de julio de 2003 por tres magistrados de la Audiencia Provincial obligaba a la empresa en la que participa el empresario Tomás Olivo -imputado en el caso Malaya por un presunto delito de cohecho- y al alcalde Gabriel Amat (PP) a paralizar las obras de construcción de un muro dentro del perímetro comprendido entre el límite del invernadero del agricultor y una línea de seis metros contados desde el eje del camino situado en el lindero Este de la finca del demandante. Camino que ya no existe tras la construcción del centro comercial Gran Plaza.

Un auto de ejecución de la sentencia fechado el 23 de diciembre de 2003 daba un plazo de un mes para "restituir la situación al estado en que se encontraba el día 5 de febrero de 2002, fecha en la que se le notificó la orden de paralización de obras (...)".

La resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno. A pesar de ello, la lucha de Francisco Martín Sierra para que se cumpla la ley ha sido infructuosa y su desesperación le ha llevado a colocar un cartel en su invernadero donde puede leerse "Muro de la vergüenza", en clara denuncia de lo sucedido.

"El día que se quite ese muro se van a ver las tres alturas que tiene el centro comercial. Es un fraude de ley que el Ayuntamiento ha permitido, ya que han construido 82.000 metros cuadrados y sólo podían construir 37.000. Han camuflado el garaje para que no les compute como techo. Lo han sobreelevado unos cuatro metros de manera que ahora mi finca se inunda cada vez que llueve", denuncia el agricultor.

La ficha urbanística del sector 36, donde está ubicada la superficie comercial, establece claramente que de los 82.000 metros cuadrados de suelo sólo se pueden aprovechar lucrativamente 37.000. Además, deja establecida una edificabilidad del 0.50, algo más de 36.000metros cuadrados de camino y un 10% de aprovechamiento medio para el Ayuntamiento. Nada de eso existe. "Aquí se ha construido el 100% del sector en la primera planta más la segunda y tercera. Se han comido las calles porque directamente no han hecho calles. Aparte de eso han tomado el 10% del terreno del sector contiguo, el 35%, para levantar una gasolinera y otro comercio, algo que prohíbe la ley", reprocha el campesino. Pese a que el auto establecía que, de no cumplirse lo ordenado en el plazo señalado por el tribunal, el demandante podrá pedir que se faculte para encargarlo a un tercero, el alto coste de la operación ha mantenido al agricultor paralizado.

Tubería ilegal

General de Galerías y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar también fueron condenadas el pasado 14 de febrero por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar a paralizar las obras de construcción consistentes en una zanja e instalación de una tubería en la finca colindante propiedad de Francisco Martín Sierra. La sentencia apercibía a ambas de la demolición "de todo lo que se construya en adelante". General de Galerías alegó en su defensa que dichas obras fueron impuestas por la Comisaría se Aguas al Ayuntamiento de Roquetas. Será la Audiencia Provincial la que dicte sentencia sobre este otro asunto, si bien la percepción del demandante y de su representante legal es que la justicia volverá a darles la razón. "La tubería está aún más metida en mi finca que el muro. Si el juez me dio la razón con lo del muro es lógico que me la de en la tubería, que penetra más en mis tierras", reflexiona Martín Sierra.

Con la sentencia del TSJA dada a conocer la semana pasada y que considera nula la licencia de apertura concedida a la superficie comercial Gran Plaza, ya son tres las sentencias en contra que acumula el centro comercial. El alcalde de Roquetas ha manifestado que no tiene intención de ejecutar la orden del TSJA.