Las Otras Feministas piden una diferenciación gradual del maltrato a las mujeres

Mujeres feministas de todas las comunidades reunidas en Madrid el sábado pasado han pedido que se diferencien en una escala de diversa gravedad los tipos de maltrato machista. De esa forma "se podrán articular distintos y más ajustados mecanismos de protección y se evitará que cualquier conflicto deba judicializarse", explicó la portavoz del movimiento Las Otras Feministas, Empar Pineda. Opinan que hay maltrato que podría calificarse como leve y que sería más eficaz reconducirlo a través de la intermediación de profesionales y contando con la sensibilización ciudadana y sanitaria; recursos preventivos que no obliguen a una denuncia que, en algunos casos, las propias mujeres rechazan. "No podemos convertir la sociedad en denuncias y cárceles, se necesita la implicación de toda la ciudadanía y que se desarrollen cuanto antes los aspectos preventivos de la ley de violencia de género, como son los relacionados con la educación", detalló Pineda.

Exigieron el tratamiento terapéutico inmediato ante casos de maltrato y una ley que asegure un fondo de garantía de pensiones, "para que la mujer pueda dejar de ser víctima el resto de su vida". Solicitan la generalización de los equipos psicosociales en todos los juzgados y que los agresores tengan acceso, "no sólo en la cárcel, sino también fuera, a tratamientos resocializadores".

En la reunión, a la que asistieron, entre otras, Justa Montero, Paloma Uría, Miren Ortubay, María Antonia Caro, María Sanahúja, Isabel Holgado y Cristina Garaizábal, se abordó también el espinoso asunto de la prostitución. Las Otras Feministas no son abolicionistas: consideran que la prostitución es una actividad legítima "que puede ejercerse de formas diversas", un trabajo que, como cualquier otro, no debe estigmatizar a la persona que lo ejerce. Reclaman, eso sí, una persecución eficaz para las mafias que trafican con las mujeres y que a sus víctimas, en su mayoría inmigrantes, se les permita vivir en España. Para aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución exigen "alternativas de formación y empleo realistas", "pero es imprescindible que se reconozcan todos los derechos laborales y sociales para quienes quieran seguir" trabajando en la prostitución, resumió Pineda. Criticaron las políticas de "persecución" empleadas en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, "que empujan a estas mujeres a la marginación y la clandestinidad".