Nefasta actuación policial y judicial

El Consejo de Estado asegura que el funcionamiento "extremadamente deficiente" de los servicios públicos facilitó que el moldavo Pietro Arkan pudiera asesinar, en su propia casa y en presencia de su mujer, al abogado Arturo Castillo, el 20 de junio de 2001. Este órgano consultivo del Gobierno recomienda que se indemnice con 760.000 euros a la familia, ya que la "profunda descoordinación" entre los servicios policiales y los jueces, y la no ejecución de las órdenes de expulsión contra el moldavo supusieron un "funcionamiento anormal" de la Administración que, incluso, agravó el crimen.

La principal conclusión de la Comisión Permanente del Consejo de Estado se resume así: "Si el primer y principal responsable de un delito es el delincuente y en situación normal no puede imputarse a los poderes públicos las consecuencias de una acción antijurídica, en el presente caso las deficiencias de la policía para identificar y retener a Pietro Arkan coadyuvaron a que éste pudiera cometer un crimen más en su dilatada carrera delictiva y la lentitud en prestar ayuda a las víctimas también coadyuvó a los daños sufridos por éstas".

Hubo "una profunda descoordinación" entre los servicios policiales y los juzgados

La comisión permanente elaboró y aprobó por mayoría un dictamen en abril pasado, a petición del Ministerio del Interior, después de que los representantes legales de la familia Castillo presentasen un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración por un funcionamiento anormal de ésta. Entonces era ministro del Interior y vicepresidente Mariano Rajoy, hoy líder del PP. La familia alegó que el retraso en la llegada de los agentes de la comisaría de Pozuelo de Alarcón al chalé del abogado facilitó la comisión de los delitos, pese a que fueron avisados hasta en cuatro ocasiones.

La familia argumentó también que "el defectuoso funcionamiento de los servicios de gestión de la información" posibilitó "que el asesino siguiera en libertad", pese a que fue detenido en nueve ocasiones con anterioridad y tenía pendientes dos órdenes de expulsión y dos autorizaciones judiciales para hacerlo, "además de ocho procedimientos judiciales conocidos".

El asesino siguió en libertad incluso después de que Interpol hubiera recibido, en febrero y abril de 2001, dos mensajes de Interpol Bucarest en los que reclamaba su extradición por homicidio, robo y allanamiento de morada, delitos que también cometió en el asalto nocturno del chalé de Castillo.

El Consejo de Estado, cuyos dictámenes no son vinculantes, analizó la sentencia por la que Arkan fue condenado a 75 años de presidio, así como el expediente adjunto a la reclamación, en el que se relata el historial policial y judicial de Arkan. El documento recoge cómo la mujer del abogado, malherida de bala, con su marido moribundo a su lado en la cama y con el asesino aún en la casa y sometiendo a sus hijas, tuvo que llamar en cuatro ocasiones al 091 y al 112 para recibir ayuda. La primera llamada la hizo a las 4.09 y la última a las 4.44.

El dictamen explica que el servicio de emergencias 112 comunicó la llamada de auxilio a la policía, pero "transformó en una queja por ruidos la llamada, necesariamente angustiosa, de una persona herida que acaba de ver como agreden mortalmente a su esposo y teme por la integridad de sus hijas". Ello revela "una plena incapacidad en el cumplimiento de sus funciones" de quienes atendieron las llamadas.

A juicio del Consejo de Estado, el mismo reproche merecen los policías que se personaron "donde se estaba cometiendo un crimen múltiple y se limitaron a llamar al timbre y esperaron más de 60 minutos hasta ver huir al delincuente". Desde que la policía supo del asalto hasta que prestaron los primeros auxilios "pasó, más o menos, una hora y cuarto". Esto revela "un funcionamiento" anormal y "muy deficiente" de los servicios policiales.

El consejo también acepta las otras dos alegaciones de la familia, ya que estima que los hechos que se relatan en la sentencia "confirman la profunda descoordinación de los servicios policiales entre sí y la Interpol, de dichos servicios con los órganos de la jurisdicción penal y de éstos entre sí". Para demostrar esto, explica cómo la policía, "tras siete episodios delictivos en los que aparece implicado Pietro Arkan y al menos un expediente de expulsión", le instruye diligencias por haber portado en una pelea un arma de fogueo, lo lleva a un hospital "y allí se le da el alta y permite su marcha sin realizar la correspondiente identificación, a la vez que un juzgado de Coslada decreta la averiguación de su paradero".

La comisión permanente considera elocuente de estas disfunciones el que Arkan siguiera en libertad pese a "las múltiples diligencias judiciales, inconexas entre sí" contra el moldavo, las "numerosas órdenes de averiguación de su paradero" y la existencia "de al menos cuatro expedientes de expulsión de dicho sujeto, judicialmente autorizadas y nunca ejecutadas". Todo ello, explica, revela "un funcionamiento del servicio público que por su extremada deficiencia puede y debe calificarse de anormal, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera proceder deducir".

El consejo se plantea si "una más pronta intervención policial" hubiera evitado las heridas de la esposa del fallecido, así como el padecimiento de sus hijas, "sin que pueda precisarse si una más pronta asistencia hubiera evitado la muerte por hemorragia del señor Arturo Castillo, como consiguió evitar la de su esposa". Por tanto, establece que hay "una relación de causalidad entre tales hechos y el funcionamiento anormal de los servicios públicos". Los autores del informe solicitan a la Administración que, para evitar casos como éste, adopte "las medidas necesarias para que los elementos humanos y técnicos de la policía estén en condiciones de atender con presteza las llamadas de socorro de los ciudadanos agredidos, incluso entrando en los domicilios desde donde han sido hallados, y de identificar a los delincuentes que detiene".

El reproche a cómo funcionaban los servicios policiales en la fecha del crimen, en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, se completa con la reclamación al Estado para que establezca relaciones con los países a los que pueden ser expulsados los delincuentes extranjeros.

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