El PSOE planea que el Estado vuelva a intervenir en el ordenamiento urbanístico

El PSOE presentará hoy un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y promoverá cambios legislativos para que el Estado intervenga, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, en la ordenación del territorio. Para lograr ese objetivo, los socialistas aprovecharán la reforma de la Ley del Suelo, en tramitación en el Congreso, y su programa para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En su oferta electoral incluirán la propuesta de crear comisiones mixtas formadas por el Estado, comunidades autónomas y áreas metropolitanas.

Además de la reforma de la Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, el pasado mayo y que se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, el PSOE prepara un bloque de propuestas, que detallará en su programa electoral municipal, para frenar "el urbanismo especulativo". Esa parte del programa, dirigida por el responsable de Ciudades, Álvaro Cuesta, cuenta ya con numerosas aportaciones para perfilar "una nueva política urbanística y del territorio". La cúpula del PSOE estima que están saliendo a la luz escándalos de corrupción porque el Gobierno ha activado mecanismos "dormidos o inexistentes" para combatirla.

El comité permanente de la ejecutiva federal estudiará hoy un decálogo contra la corrupción urbanística, que será presentada por el secretario de Organización, José Blanco. El PSOE no se dirigirá al PP para ofrecerle un pacto en torno a este asunto, sino que confía en que las medidas para atajar la corrupción urbanística sean asumidas por todas las fuerzas políticas.

Los socialistas quieren llevar con cautela el debate sobre la intervención del Estado en la ordenación del territorio porque se trata de un asunto delicado, en el que las competencias las tienen las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les corresponde la elaboración de los planes urbanísticos. En la Conferencia Política de hace cuatro semanas, el PSOE aprobó un texto que ahora desarrollará, con vistas a incluirlo en el programa para las elecciones municipales de 2007.

Coordinar administraciones

En ese primer documento se advierte de que "hay que dar una respuesta organizativa para potenciar las áreas de influencia urbana o metropolitana para fines específicos". Y esas áreas necesitan "una respuesta supramunicipal" para la "planificación urbanística y los servicios de interés metropolitano, tales como el transporte, el ciclo hidráulico, la gestión medioambiental y de residuos, la vivienda, la seguridad y el desarrollo económico local".

Para esta tarea se hace necesario, según los socialistas, "una acción coordinada entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Así, proponen crear en cada área metropolitana "una comisión bilateral integrada por la representación del Estado, y la de la comunidad autónoma y el área metropolitana respectiva".

La responsable federal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Soraya Rodríguez, resalta que "las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad plena en la ordenación del territorio exigiendo planes territoriales supramunicipales que fijen criterios, orientaciones y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal".

En el decálogo que hoy presentará José Blanco se incluye la potenciación del fiscal especial con atribuciones en ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio histórico. También se propone reforzar las medidas disciplinarias de los ayuntamientos contra las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, y reforzar las incompatibilidades de los responsables políticos y administrativos relacionados con la gestión urbanística.

Los socialistas piden a las autonomías que "la colectividad participe en el aprovechamiento urbanístico atribuido al suelo urbano, cuando se generen plusvalías derivadas de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento". Y les reclaman que estén asegurados, por parte de las administraciones competentes, los servicios y dotaciones imprescindibles para que "el crecimiento urbanístico contribuya a mejorar el bienestar de la población".

A los ayuntamientos se les pide que eviten "la ocupación indiscriminada del territorio" y que establezcan "límites racionales al crecimiento urbano". Estos límites derivarán de la dotación de servicios e infraestructuras y de las demandas económicas y demográficas reales.