El PSOE expulsará a los cargos sobre los que haya "indicios racionales" de corrupción

El PSOE ha presentado hoy un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y la "especulación urbanística" que incluye el compromiso del partido de expulsar de sus filas a todo cargo público o militante sobre el que pesen "indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares" en el ejercicio de su cargo. También se compromete a no incluir en sus filas a personas cuya conducta sea dudosa y ha instado al PP a que haga lo mismo.

"A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo", ha asegurado el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, que ha presentado la iniciativa al término de la Ejecutiva de su partido. De la misma forma, "todos los militantes, con cargo público o sin él, sobre los que recaigan esos mismos indicios o sospechas, serán separados del PSOE", ha añadido.

Además, "ninguna persona sobre la que recaigan indicios racionales de estar implicado en delitos relacionados con el urbanismo formará parte de nuestras listas electorales". "No vamos a presentar ante los ciudadanos a nadie cuya conducta pública plantee alguna duda", ha sentenciado. Blanco ha garantizado que el PSOE mantendrá este compromiso "en todo caso y en todos los casos", y ha instado a todas las demás fuerzas políticas, "muy especialmente el PP", a que tomen el mismo camino.

El PP rechaza un pacto

Blanco ya anunció este fin de semana que propondría al PP un pacto de "tolerancia cero" con los implicados en los casos de corrupción urbanística que salpican a los dos principales partidos. El líder del PP, Mariano Rajoy, rechazó este pacto y se remitió a la justicia como medio para luchar contra esta lacra. Vista la reacción popular, el PSOE no se dirigirá ahora al PP para pedirle un pacto, sino que confía en que las medidas presentadas sean asumidas por todos los partidos.

El decálogo, titulado Por una nueva política urbanística y del territorio, recoge otras medidas para garantizar la transparencia, el crecimiento ordenado y la lucha contra la especulación y las recalificaciones. El objetivo último es, según el PSOE, recuperar la función social de la vivienda y preservar el patrimonio natural.

Dicho espíritu, recuerda el partido del Gobierno, está recogido en la nueva Ley del Suelo que tiene que discutir el Congreso, que incluye el compromiso de reservar al menos el 25% del suelo residencial para vivienda protegida, al tiempo que hace una apuesta decidida por el mercado de alquiler como alternativa a la compra de vivienda. En paralelo al impulso legislativo, los socialistas se comprometen a "perseguir las reclasificaciones indiscriminadas" de terreno, garantizando la transparencia informativa y cumpliendo "escrupulosamente" la legalidad.

El número dos del PSOE ha recordado la obligación de todas las administraciones públicas de velar por los derechos de los ciudadanos, y considera por ello "imposible de comprender" casos como el de la Comunidad de Madrid, donde la política de urbanismo recaía en Enrique Porto [obligado a dimitir de su cargo de director general de Urbanismo después de que EL PAIS revelara la venta fraudulenta de unos terrenos de su propiedad], "salpicado por actividades urbanísticas dudosas".

Blanco ha aprovechado su comparecencia para intentar marcar distancias con los casos de corrupción que también salpican a cargos locales de su partido en la Comunidad de Madrid: "Con este Gobierno se ha acabado la impunidad urbanística", ha proclamado Blanco, que ha reiterado el compromiso de los socialistas en el combate contra el "descontrol" y contra cualquier mal comportamiento, "se produzca donde se produzca".

El Estado y el control del urbanismo

Asimismo, Blanco ha recordado que el Gobierno planea nuevas medidas para fomentar ese nuevo modelo urbanístico, comenzando por una nueva Ley del Suelo, actualmente en trámite en el Congreso, para eliminar "gran parte de los males" contenidos en la normativa anterior, elaborada en tiempos del PP. Consciente de lo delicado de la materia, el dirigente socialista ha dicho que en la tramitación de la ley habrá que definir escrupulosamente las competencias que quedan en manos del Estado y las que no, pero teniendo siempre en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional, que deja en manos casi exclusivamente autonómicas la ordenación del territorio.

Actualmente, las competencias las tienen las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les corresponde la elaboración de los planes urbanísticos. En este contexto, Blanco ha dicho que el PSOE respetará la doctrina del Constitucional sobre la materia porque su objetivo no es "sacar tal o cual competencia", sino establecer un mejor modelo de gestión. El problema, ha concluido, no es en qué manos está una determinada competencia, sino la gestión que se hace de ella.