Las comunidades responderán por las ayudas agrícolas ilegales

Las comunidades autónomas deberán asumir las responsabilidades financieras por el pago de ayudas agrícolas ilegales, según las nuevas reglas de juego fijadas por la Administración española. Estas condiciones se aplicarán a partir de los pagos que se efectúen en el presente ejercicio comunitario, que se inició el 16 de octubre pasado.

Las correcciones aplicadas por la Comisión Europea por los pagos relacionados con el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (Feoga, instrumento para financiar la Política Agrícola Común) desde 1997 se elevan a 450 millones de euros. De ese total, cerca de 140 millones están ligados a las actuaciones directas del Ministerio de Agricultura, mientras el resto son competencia de acciones de las comunidades.

En este periodo, esos fondos han sido cargados a la cuenta del Tesoro de España. Con la nueva regulación, cada Administración será responsable de sus actos y asumirá las consecuencias financieras. En el pasado no se llegó a aplicar este principio ante los problemas que ello habría provocado en los presupuestos de algunos gobiernos regionales y muy especialmente sobre Andalucía y Castilla y León. El establecimiento de la corresponsabilidad financiera por la que se pone en marcha el procedimiento para la realización de las compensaciones y deducciones de los organismos pagadores de los gastos financiados por el Feoga Garantía se ha hecho basándose en la Ley General de Subvenciones de 2003.

En la actualidad, el ámbito de aplicación de esta disposición afectará a todos los gastos de los 19 organismos pagadores de las comunidades, más Ceuta y Melilla, con cargo a los fondos Feaga y Feader (pagos directos a la producción y por desarrollo rural), bajo la coordinación y el control del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega). Anualmente, los pagos de Bruselas a través del Fega se elevan a 6.700 millones.