La conducta irresponsable

El intento del secretario autonómico de Justicia de crear una comisión para controlar las actuaciones del fiscal Cabedo es un hecho grave, y así lo ha demostrado la reacción de la prensa ante el mismo. Lo preocupante es que esta intromisión del poder público en la acción de la Justicia no es un accidente aislado. Desde hace tiempo se producen entre nosotros sucesos semejantes, aunque hasta ahora no habían resultado tan llamativos. Ha tenido que ser la torpeza de Fernando de Rosa, obligando al ex fiscal Enrique Beltrán a emitir un desmentido, la que ha dado notoriedad al caso. No hay que olvidar, sin embargo, que el vicesecretario general del Partido Popular, Ricardo Costa, ya había anunciado semanas atrás que se formaría esta comisión.

Hace unos días, era el alcalde de Torrevieja quien ponía en duda la imparcialidad de la Justicia. Si Ricardo Costa acusaba a los fiscales de perseguir al Partido Popular, Hernández Mateo la emprendía con los jueces. Ante las investigaciones en curso sobre el comportamiento de la Policía Local, Hernández acusó a la juez encargada del caso, a la Guardia Civil y a los medios de comunicación de confabularse contra él para expulsarle de la alcaldía. La salida de tono de Hernández se produjo públicamente y con la mayor impunidad. Nadie, ni dentro ni fuera de su partido le recriminó por estas afirmaciones escandalosas que la prensa publicó en espacios destacados.

En mi opinión, estos sucesos demuestran que hay políticos dispuestos a no respetar las instituciones si piensan que tal cosa conviene a sus intereses. El problema es que se ataca a las instituciones sin calcular las consecuencias que su desprestigio tendrá en la opinión pública. Esta conducta irresponsable, profundamente antidemocrática, va penetrando día a día entre la población y ha de llegar el momento, si no se le pone remedio, en que acabaremos por acostumbrarnos a ella. Tal vez sea lo que algunos pretendan.

No son estos los únicos signos inquietantes que se perciben en el momento político valenciano. Este periódico comentaba, el pasado miércoles, la ley que prepara el Gobierno para las universidades y que busca, en la práctica, un control absoluto sobre ellas.

Independientemente del juicio que nos merezcan nuestras universidades, el hecho mismo de haber concebido una ley de estas características ya resulta inquietante. ¿Qué podríamos decir de las presiones que han convertido a la Acadèmia de la Llengua en un apéndice a las órdenes del Gobierno?

Quizá el punto máximo para definir la situación actual sea la conducta que el jefe del Consell viene mostrando con la prensa. El hecho reiterado de negarse a responder a las preguntas de los periodistas, tras haberlos convocado, manifiesta una actitud contraria a la transparencia y el control que exige la democracia. Poco importa si se trata o no de una táctica ideada por sus asesores y del resultado que se obtenga con la misma. Lo que la conducta muestra es la convicción de que el poder está por encima de la sociedad, a la que no se respeta. Si los periodistas permiten que sea el poder quien dicte los temas y marque los tiempos de la información, vamos por mal camino.

En la Comunidad Valenciana es cada día más difícil discutir en las Cortes; se crean nuevas leyes para maniatar a las universidades; se cuestiona el trabajo de la Justicia y su imparcialidad; se ningunea a la prensa. Habrá que preguntarse cuál será el próximo paso.