Viviendas, barrios y paisajes
¿Cuál es el balance de estos casi tres años de Gobierno tripartito en los campos de la arquitectura y el urbanismo? La pregunta es de respuesta compleja y difícil. Queda claro que ha estado lleno de buenas intenciones, eso sí, si no tenemos en cuenta la afirmación del consejero de Política Territorial y Obras Públicas de que aún queda mucho margen para construir en el litoral catalán. Resumiendo, la política general ha planteado intervenciones y financiamiento en tres escalas: la Ley del Derecho a la Vivienda; es decir, el respaldo legal para afrontar el problema social más grave de todo el país, construyendo nuevas viviendas y mejorando la calidad del tejido residencial; la Ley de Barrios, que responde al planteamiento de dar mayores ayudas económicas a los centros históricos, a los polígonos de los años sesenta y setenta y a las áreas surgidas de procesos de urbanización marginal que son más problemáticos; y la nueva Ley de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje de Cataluña, pionera en el Estado español, que afronta, a la escala del territorio, las actuaciones en estos paisajes, tan explotados, que están entre las ciudades. Los resultados han sido dispares y de las tres patas ha quedado pendiente una tan trascendental como la Ley del Derecho a la Vivienda.
Evaluar los logros de la Ley de Barrios, que ha conseguido en tres convocatorias incluir 46 operaciones en más de 30 ciudades catalanas, es aún prematuro. Se ha planteado con mucha inteligencia la prioridad de intervenir en las estructuras urbanas más degradadas y susceptibles de convertirse en focos de marginación. En un futuro próximo se podrá evaluar en qué medida centros históricos como los de Tortosa, Olot o Lleida han detenido su deterioro; si ciertos barrios conformados por polígonos segregados y con pocos equipamientos, como Sant Cosme en El Prat del Llobregat o Sant Ildefons en Cornellà, han mejorado; o si han dejado de estar marginados ciertos enclaves como Ca n'Anglada en Terrassa, el barrio del Erm y los llamados pisos García en Manlleu, o Roquetes en Barcelona.
Podemos calificar este proceso de rehacer centros históricos deteriorados, polígonos depauperados y periferias desestructuradas como una especie de gentrificación homeopática. Se trata de rehacerlos, pero que no sean sólo para los sectores de menos recursos y para los inmigrantes, sino que se fomente la diversidad para asegurar que se revitalicen realmente y no se conviertan en guetos. Quiere ser una gentrificación controlada, que no expulse a los habitantes, sino que enriquezca el tejido residencial con otros sectores sociales y con nuevos usos.
A los ayuntamientos que ya habían demostrado su capacidad de gestión y que tenían los deberes hechos, esta ley les ha ayudado a impulsar sus proyectos con más rapidez y eficacia: como Salt, en Girona, que ha realizado planes ya previstos, entre ellos la primera fase del Ateneo de Entidades de la antigua fábrica Coma-Cros y el centro cívico Àngel Guimerá; L'Hospitalet de Llobregat, que se ha comprometido en una fuerte reestructuración urbana no dejando escapar la ocasión para incentivar las actuaciones en Collblanc-La Torrassa y cumpliendo con el requisito de la equidad de género; Manresa, que ya tenía planes para viviendas sociales y reformas en el centro histórico; o Barcelona, que ha conseguido más inversiones para sus planes en Santa Caterina. A otros, también con buena gestión municipal, como Lleida, les ha costado un poco arrancar hasta que en este año 2006 han consolidado los proyectos y las inversiones en el barrio de la Mariola, hecho de polígonos y viviendas de posguerra, en el que habita gente mayor e inmigrantes y en el que se están introduciendo espacios públicos, equipamientos y viviendas de promoción pública.
Otro ayuntamiento bien gestionado, como el de Granollers, que ya había iniciado la reconversión de la antigua fábrica Roca Umbert en la Fábrica de les Arts, va a ser el pionero en experimentar las ayudas de la nueva Ley del Paisaje realizando una prueba piloto para rehacer la vía de entrada a Granollers desde el Maresme, construyendo aceras a ambos lados a favor de los peatones, plantando árboles y unificando unos espacios que destacan en Cataluña por ser los trasteros urbanos. No se van a entender las posibles medidas para mejorar el entorno si no se hacen experimentos como éste demostrando que es posible superar la degradación del paisaje.
La Ley de Barrios se complementaba con medidas que proponía la Ley para el Derecho a la Vivienda: evitar que proliferen los pisos viejos y vacíos, sin el uso social al que deberían estar destinados y provocando que los barrios se degraden. Pero todo este sistema, que intenta poner fin a más de 20 años de abandono del territorio a la lógica del mercado, no ha podido ponerse en marcha de manera completa al faltar la Ley del Derecho a la Vivienda, boicoteada no sólo por el Partido Popular y por Convergència i Unió, los partidos más próximos a los intereses inmobiliarios, sino también por Esquerra Republicana, que tiene una idea muy especial de patriotismo: defiende la lengua pero deja el territorio en manos de los especuladores y abandona a los jóvenes con su problema de vivienda.
Las ciudades siguen siempre un proceso lento y laborioso y se tardarán años para comprobar las mejoras que haya aportado el actual periodo. Sin embargo, hay problemas urgentes cuya solución no puede posponerse, especialmente dos que son flagrantes: la coordinación territorial en la escala de la región metropolitana (y el complementario reequilibrio del resto del principado) y el acceso a la vivienda, que está originando movimientos reivindicativos que van creciendo. El camino para superar la nefasta herencia neoliberal dejada por el anterior Gobierno de la Generalitat ya está iniciado. Depende ahora de nosotros si se continúa avanzando o si volvemos atrás y nos alejamos de la Europa más moderna y social. Si no se afronta la cuestión de la vivienda y se aprueba la ley pendiente, podremos parafrasear la sentencia con la que Le Corbusier finalizaba en 1923 su Vers une architecture: "La sociedad desea violentamente algo que obtendrá o no obtendrá. Todo reside en eso, todo depende del esfuerzo que se haga y de la atención que se conceda a estos síntomas alarmantes. Vivienda o revolución".
Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Barcelona (UPC).
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.