Entre la construcción nacional y la hegemonía

Afirmaba Ortega y Gasset algo que tiene bastante sentido común: "El tiempo de hoy exige recuperar el tiempo de ayer". La crisis de las instituciones vascas no es algo nuevo. Es un paso más en una dinámica que se podría definir como déficit de pluralismo, con instituciones hechas a la medida del nacionalismo, pensadas para dominar y no para cooperar, para imponer y no para acordar, para ganar a los otros, para los nuestros.

Confieso que el impuesto reflexivo vasco al que algunos estamos obligados por vocación y oficio no sólo no me entusiasma ya, sino que me produce cansancio, aburrimiento y desgana intelectual. A pesar de todo, aún me queda una suficiente dosis de rebeldía que me impide caer en la resignación o en la inactividad. Para alguien que ha sido parte directamente implicada, como es mi caso,reflexionar sobre lo que está pasando en las instituciones vascas creadas al amparo de nuestro autogobierno carga supone que su relato tenga una fuerte carga de subjetivismo. Pretendo ofrecer, sencillamente, la reflexión de un resistente que ha vivido en directo los pormenores de una transición sindical y laboral en Euskadi, y que ha participado, y sigue haciéndolo, en alguna de estas instituciones.

No se puede hacer de la diferencia, el hegemonismo y exclusión la norma de actuación sindical

Para entender lo que significan nuestras instituciones socio-laborales recojo la intervención del portavoz del PNV en el pleno del Parlamento vasco del 30 de setiembre de 1981, en el que se debatió la constitución del Consejo de Relaciones Laborales: "Hoy la comunidad autónoma carece de capacidad legislativa (...) en materia laboral. Por eso (...) pensamos que la única vía para que la comunidad autónoma pueda avanzar hacia la consecución de un marco propio de relaciones laborales es precisamente haciendo que este Consejo pueda tener carácter decisorio; es decir, la posibilidad de que las partes libremente puedan pactar, puedan llegar a acuerdos dentro del Consejo y, por la vía de hecho, puedan establecer dentro de la comunidad autónoma un marco autónomo de relaciones laborales". Este es el objetivo estratégico de nuestra primera institución laboral, dada la falta de competencia autonómica en materia de legislación laboral, como quedó nítidamente establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1982. No cabía otra alternativa que la elección del acuerdo entre partes y del diálogo permanente para configurar un objetivo político legítimo, como era poder articular de hecho un marco autónomo de relaciones laborales.

Debe quedar claro que el conjunto del nacionalismo, sindical y político, asumió que las relaciones laborales son un componente necesario e importante de la llamada "construcción nacional". Las instituciones laborales deben estar al servicio de dicho proyecto, para lo cual el acuerdo entre las partes debe convertirse en el motor activador del mismo. La consecuencia lógica de esta posición estratégica es el rechazo de cualquier configuración de un marco de relaciones laborales de ámbito estatal, por considerarlo lesivo a la reivindicación nacionalista del marco propio. Como botón de muestra está el rechazo político y sindical al Estatuto de los Trabajadores, con la convocatoria de una huelga general, el 7 de diciembre de 1979, bajo el siguiente eslogan: "Contra el despido libre, por el pleno derecho de acción sindical en la empresa y por la libertad de negociación colectiva en todo Euskadi".

El nacionalismo vasco, que siempre ha aspirado a ser una nación con Estado y tiene miedo a ser anulado por una construcción nacional española, aprovecha sus competencias de autogobierno para construir sus instituciones socio-laborales propias de acuerdo con las reglas de juego que más convienen a sus organizaciones sindicales y políticas, y planteando serias reservas al respeto a la igualdad de oportunidades de organizaciones sindicales no nacionalistas. El miedo social a la desaparición se convierte en un victimismo agresor a los derechos de las llamadas minorías.

Otra característica estratégica del comportamiento del nacionalismo es buscar su legitimidad al margen de la legalidad constitucional pero, a la vez, utilizando ésta en beneficio propio. Esto significa, en la práctica, dar carácter instrumental a las instituciones socio-laborales en particular y al marco político estatutario en general. O sirven para la construcción nacional y para el hegemonismo nacionalista, o hay que cambiar dicho marco político. Se han convertido así en órganos agotados de un marco autonomico agotado para el nacionalismo sindical.

No quiero olvidar el acompañamiento que ha hecho la patronal vasca a la estructuración de unas relaciones laborales en las que ha compartido con el nacionalismo la defensa de los ámbitos propios contractuales y la descentralización generalizada de la negociación colectiva.

Como ejemplo de la deslegitimación permanente de la legalidad constitucional y el intento de solaparla y trampearla, voy a analizar dos contenidos fundamentales en la institucionalización socio-laboral: la formación continua y las políticas activas de empleo. El acuerdo por el cual se crea Hobetuz, la Fundación Vasca para la Formación Continua, pretende el nacionalismo que esté amparado por la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores. Es un auténtico despropósito, ya que se trata de un acuerdo con fórmulas de convenio colectivo, que afecta a los firmantes y que denominaría de carácter obligacional. Hay algo que se llama jerarquía normativa y que dice que la ley está por encima del convenio y ningún acuerdo puede regirse conculcando la ley. Y saco esto a colación porque el Gobierno central ha ofrecido una solución transitoria a través de la Ley de Presupuestos, habilitando las partidas de transferencias económicas para la formación con compromiso de reeditarlo anualmente, pero con una salvedad, que la gestión debe hacerse de acuerdo con las normas estatales. Sin embargo, lo que se reivindica es gestionarlo "como yo quiero".

En relación con las políticas activas de empleo, también existe un marco legal normativo para todas las comunidades autónomas, siendo el País Vasco el único que no ha asumido dichas competencias debido a que reivindica un tratamiento bilateral a través del Concierto y el Cupo, negándose a entrar en el mecanismo legal de reparto entre la diferentes autonomías. Se puede afirmar que no se tienen las competencias porque no se quiere, porque retrasan la construcción nacional.

Algunos remedios. Es preciso desterrar una concepción instrumental de las instituciones en beneficio propio. Esto posibilitaría recuperar la cultura del acuerdo y del diálogo social con contenidos. El actual enfrentamiento sindical es un hándicap para hacer productivas dichas instituciones Hay contenidos de encuentro sindical que deberían ser cómodos para todos, como la defensa del empleo decente y de calidad, la lucha contra la precariedad y la siniestralidad, el combate contra la exclusión social o la defensa de una fiscalidad progresiva y justa. No se puede poner el carro delante de los bueyes y hacer de la diferencia, el hegemonismo y exclusión la regla de actuación.

Una inflación de soberanismo en el ámbito sindical supone crear un falso antagonismo entre los diferentes marcos de relaciones laborales. Es una confrontación inútil, estéril y que no tiene lógica laboral. Los debates centrales de un modelo de sociedad justo y equilibrado, como son el empleo, la protección y cohesión social, la fiscalidad, la sanidad, la educación, las relaciones laborales y muchas cosas más, cada vez están más ausentes de la agenda política vasca. Con unas instituciones socio-laborales debilitadas, se está contribuyendo al deterioro de la cohesión social y de la legitimación cívica de nuestro autogobierno.

Carlos Trevilla es representante de UGT en Consejo Económico y Social (CES) vasco.