Las empresas tendrán que pagar lo que contaminen

El principio de "quien contamina paga" pasa de la teoría a la práctica. El Gobierno presentó ayer la Ley de Responsabilidad Ambiental, que obligará a las empresas a tener fianzas para pagar cualquier contaminación ambiental que produzcan sin límite de gasto y aunque la contaminación se produzca sin que haya negligencia. La norma, una de las más ambiciosas y complejas realizadas por Medio Ambiente, afecta a 5.000 industrias y un millón de instalaciones ganaderas.

En 1998, una balsa de lodos tóxicos situada en Aznalcóllar reventó y causó un desastre ambiental. La empresa sueca Bolidén se declaró en quiebra y el Estado ha pagado desde entonces más de 75 millones. Limpiar los 700.000 metros cúbicos de residuos tóxicos vertidos durante años al embalse de Flix por la empresa Erkimia costará al Estado 150 millones de euros. Son dos ejemplos de que contaminar es gratis.

Para luchar contra ello, el Consejo de Ministros analizó ayer el borrador de la Ley de Responsabilidad Ambiental, trasposición de una directiva europea y que obligará a las empresas a "disponer de los recursos económicos necesarios" para pagar cualquier daño al "suelo, agua, especies silvestres y hábitat protegidos". Para ello, la ley "les exige una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioambiental en la que pudieran incurrir", según el Gobierno.

El Gobierno desarrollará en un reglamento una clasificación según el daño potencial de cada empresa (no pueden contaminar lo mismo una gran refinería que una pequeña planta química). Si el daño potencial es menor de 300.000 euros, las empresas estarán exentas del seguro; si el daño está entre 300.000 y dos millones, tendrán que pasar unas auditorías ambientales, y si el daño potencial es mayor tendrán que tener una reserva económica para pagar cualquier desastre.

Esta garantía podrá ser un aval, una fianza o un seguro, pero no entrará en vigor antes de 2010 para "asegurar que el mercado se encuentre en situación de satisfacer tales garantías".

Proyecto rebajado

Desde que Medio Ambiente presentó el primer proyecto hasta ahora, la norma ha sido rebajada al contacto con Industria, empresarios y comunidades autónomas. El primer borrador se refería a todas las especies, no sólo las protegidas, y obligaba a todas las empresas a tener el seguro ambiental o una fianza similar.

Las empresas tendrán que pagar el daño "cualquier que sea el coste" y es independiente de si el desastre se produce sin que haya negligencia.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que la nueva ley responde al "mandato constitucional" de proteger el medio ambiente y que hasta ahora no se cumplía. Narbona se fijó como prioridad la elaboración de esta ley al llegar al Gobierno y ayer recordó que en 1998 el Gobierno del PP anunció esta norma aunque luego aparcó el proyecto.

La norma afecta a empresas químicas, térmicas, metalúrgica, vidrio, cerámicas, de transportes peligrosos... La ley deja exentos los daños causados por guerras y desastres naturales. Tampoco se aplicará a usos agrícolas, centrales nucleares ni al tráfico marítimo, regidos por otras reglamentaciones. La ley no tiene efecto retroactivo.