Garzón rebaja a 50.000 euros la fianza de Otegi por haberse reducido el riesgo de fuga
El juez de la Audiencia Nacional prohíbe una manifestación convocada por Askatasuna
El juez Baltasar Garzón decidió ayer rebajar de 650.000 a 50.000 euros la fianza impuesta al dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi por considerar que se ha reducido el riesgo de que se fugue. Por el mismo motivo, el magistrado redujo recientemente también la periodicidad de las comparecencias de Otegi ante la comisaría más próxima a su domicilio: antes tenía que acudir todos los días, y ahora, quincenalmente. El magistrado declaró ilegal una manifestación convocada en Algorta (Vizcaya) por Askatasuna, entidad sucesora de Gestoras pro Amnistía, pero una treintena de personas acudieron al acto.
Otegi está procesado por delito de pertenencia a banda terrorista desde el 2 de junio de 2006 y el juzgado había impuesto fianzas que sumaban 650.000 euros. Sin embargo, su defensa reclamó que se rebajase esa cantidad hasta los 12.000 euros. La Fiscalía apoyó la rebaja, por entender que Otegi había cumplido con las comparecencias impuestas y que no había incurrido en reiteración delictiva, aunque en lugar de 12.000 euros, estimó que la cantidad adecuada al riesgo era de 200.000 euros.
Garzón, en su escrito, afirma que "debe partirse de la subsistencia y confirmación de la imputación e indicios racionales de responsabilidad penal" por parte de Otegi. Es decir, que el juez considera que siguen existiendo indicios de que Otegi forma parte del entramado de la organización terrorista ETA-KAS-Ekin.
Sin embargo, el magistrado aprecia que "si bien la medida de fianza pudo estar justificada en su momento para paliar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia y la reiteración delictiva, únicos requisitos de la prisión preventiva que podía quebrantar (...) Otegi, lo cierto y verdad es que después de los meses transcurridos y varios permisos de salida del territorio nacional, no ha incumplido ninguno de ellos. Por tanto, existen contraindicios suficientes que demuestran aquella ausencia de riesgo".
Garzón argumenta también que la fianza "debe ser fijada o ajustada a la verdadera capacidad económica del sujeto". Y aplicado al caso de Otegi, el juez precisa que "es notorio que [su capacidad económica] no llega a cubrir los gastos que origina una fianza de esta envergadura".
Por ello, el juez instructor agrega que la fijación de la fianza debe "ser acorde con la naturaleza del delito, el estado social (no ha sido él, el que la ha constituido); y, los antecedentes del sujeto enfocados en una mayor o menor facilidad para eludir la acción de la justicia".
El juez Garzón destaca que al menos de momento, la "presencia del procesado en el juicio (...) está garantizada, y, por ende, la suma que propugna el solicitante y la que marca el fiscal, son insuficiente y excesiva respectivamente, considerándose adecuada la suma de 50.000 euros".
Por otro lado, Garzón declaró ayer ilegal una manifestación convocada por Askatasuna a celebrar el viernes en la plaza Telletxe de Algorta (Vizcaya) a las 20.00, bajo el lema Presos políticos vascos en lucha. Somos una nación, Amnistía. Autodeterminación. .
El fiscal ya se había pronunciado a favor de la prohibición por considerar que la entidad convocante está declarada provisionalmente ilegal y cuyas actividades orgánicas e institucionales están suspendidas.
Ilicitud
Garzón puntualiza que la declaración de ilicitud de Askatasuna dictada el 5 de febrero de 2002 "mantiene todo su valor", ya que tanto Askatasuna como Gestoras pro Amnistía, organización a la que sucede "se hallaban y se hallan incluidas, como parte orgánica en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin".
Al amparo de las siglas Askatasuna, según el juez, se pretendían realizar las mismas actividades y cumplir los mismos objetivos que Gestoras pro Amnistía, por lo que en su opinión, "queda indiciariamente constatada la identidad de ambas".
Por ello, el juez comunicó a la Ertzaintza que la manifestación es ilegal y que debe adoptar las medidas necesarias para impedirla, prevenir incidentes y perseguir a los que vulneren la prohibición. Para el caso de que la manifestación se celebrase a pesar de todo, el juez acuerda citar como imputados a los convocantes.
Antes de las 20.00, hora de la convocatoria, la policía autónoma vasca desplegó en la plaza Telletxe de Algorta tres furgonetas y varios agentes. Un negociador del cuerpo comunicó a la treintena de personas que acudieron al lugar pertrechados con ikurriñas y fotos de presos de ETA -entre ellos varios niños y ancianos- que la concentración estaba prohibida. Los manifestantes abandonaron el centro de la plaza para continuar el acto en uno de sus extremos sin que se produjeran incidentes.
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