González Pons asume haber asistido a una reunión con Fabra sobre fitosanitarios

El consejero de Territorio, Esteban González Pons, declaró ayer, en calidad de testigo, en el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal. Las imputaciones tuvieron su origen en la denuncia del empresario Vicente Vilar, que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante las administraciones para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. González Pons admitió ayer ante la juez haber participado, cuando era portavoz del Grupo Popular en el Senado, en uno de los encuentros que reunió a cargos del PP y a empresarios.

El consejero se acogió al derecho de declarar en su despacho

Según declaró el consejero, en la reunión estuvieron presentes, entre otros, el propio Carlos Fabra y el entonces diputado por Castellón Miguel Prim. Sin embargo, llegó tarde a la cita y durante el tiempo que él estuvo presente no se decidió nada.

Su inclusión en el amplio sumario del llamado caso Fabra se produjo cuando Vilar aseguró haber contactado con él para transmitirle los reparos que el Ministerio de Agricultura ponía a productos de pequeñas empresas, sobre todo frente a las multinacionales. De hecho, el nombre de González Pons aparece en una de las notas con las que los diputados del PP transmitían a Vicente Vilar las gestiones que iban realizando sobre las autorizaciones de fitosanitarios y la legislación específica. Así, el empresario estaba al corriente de las enmiendas que el Grupo Popular presentaba, ante los proyectos que se debatían, en este caso, en el Senado. Ayer, ante la juez, González Pons también recordó esta etapa pero insistió en que se limitó a hacer su trabajo como parlamentario y que nunca fue sometido a presiones.

La declaración de ayer tuvo un escenario inusual. El consejero se acogió al derecho, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los miembros de los gobiernos autonómicos el privilegio de declarar en su despacho, sin necesidad de acudir a los juzgados. Así, en la sede de la Consejería de Territorio se presentaron la titular del juzgado número 1 de Nules, que instruye la causa, el secretario judicial, el fiscal anticorrupción (que no participó en el interrogatorio) y los letrados de los imputados, entre otros, de Carlos Fabra. La abogada de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que ejerce de acusación, hubo de esperar cerca de 45 minutos hasta que, finalmente, se permitió su acceso.