El consistorio se inhibe en casos de acoso inmobiliario, según la FAVB

Eva Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), criticó ayer la actitud del Ayuntamiento de Barcelona en los casos de acoso inmobiliario. La oficina municipal, dijo, no sirve para nada, defiende mejor los derechos de los propietarios que los de los inquilinos y acaba aconsejando a gente mayor que abandone la casa y no defienda sus derechos. Para evitar estas situaciones, dijo, la Administración debería personarse en el proceso junto con la víctima. La oficina municipal sobre acoso inmobiliario, que depende de Jordi Portabella, no tiene otra función que la informativa, explicó un portavoz municipal. "Ni resuelve ni interviene, sólo informa".

Para la presidenta de la FAVB, la actitud municipal es tan pasiva que acaba siendo disuasoria para las víctimas, que son "muchas veces gente mayor sin recursos ni energía para hacer frente a los acosadores". Si se añade la, en su opinión, pasividad del Ayuntamiento, se comprende que los vecinos sucumban al acoso, porque las personas "acaban perdiendo el dinero y la salud". Eva Fernández hizo estas declaraciones a la emisora Ona Catalana.

"Si la empresa acosadora corta la luz, el agua y el teléfono del vecino y éste acaba ganando en los juzgados, la multa puede ascender a 300 euros. A una inmobiliaria eso no le hace ni cosquillas", dijo Fernández. Frente a esa cantidad "irrisoria", la presidenta de las organizaciones vecinales citó el importe que puede alcanzar una multa por "cerrar un terraza" que es de hasta 30.000 euros, para concluir que hay una "evidente desproporción" entre la sanción a una familia que gana unos metros y la que se puede llegar a imponer a una inmobiliaria que especula para ganar millones.

Eva Fernández señaló la pobreza del debate electoral con relación a la vivienda, señalando que una de las mejores iniciativas del tripartito, la ley del derecho a la vivienda, no merecía que nadie la defendiera ni la atacara, cuando se trataba de "un gran paso adelante" para solucionar el problema del acceso a un piso, que se ha convertido en "una emergencia de primer orden" a la que los partidos no hacen referencia.