'Amnistía' para 15.000 viviendas irregulares en Chiclana

Los ayuntamientos tienen un grave problema con las viviendas ilegales. Un ejemplo es Chiclana de la Frontera, un municipio costero de Cádiz que tiene unos 70.000 habitantes. Tras años de conflicto, el gobierno local, del PSOE, ha decidido regularizar la situación de unas 15.000 viviendas, repartidas por todo el término municipal. Estas viviendas se han ido construyendo, a espaldas de la ley, a lo largo de las tres últimas décadas.

Para lograr este fin se aprobaron en el último pleno municipal las ordenanzas que van a regular este proceso y que dividen Chiclana en varias áreas. Esta amnistía será certificada en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. En cada una de las áreas se establecen las condiciones económicas y burocráticas para que el propietario pueda regularizar su casa.

El Ayuntamiento ha alcanzado acuerdos con Unicaja para que esta entidad financiera dé préstamos blandos a los propietarios que asuman los costes de la regularización y con Endesa para normalizar las conexiones eléctricas.

En el caso de Andalucía, han sido precisamente los ayuntamientos los que han sido los promotores de buena parte de los casos investigados por la Guardia Civil (más de 3.300 viviendas ilegales detectadas desde enero de 2005). La mayoría de los 770 municipios andaluces está en estos momentos tramitando sus planes urbanísticos para adaptarlos a la ley del suelo autonómica. Y en esa tramitación, los ayuntamientos pretenden que todo quede bajo el paraguas de la legalidad.

Espacios protegidos

La consejera andaluza de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recalca que la Administración autonómica pretende centrar su lucha contra las construcciones en espacios protegidos, donde se producen los mayores daños contra el medio ambiente o el patrimonio.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, destaca que la investigación no sólo se ha centrado en personas que se han hecho una casa en medio del campo o cerca de la playa, sino que también se han dado casos de empresas que han construido ilegalmente para vender luego a extranjeros.

Ángel Núñez, el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, subraya la falta de sentencias condenatorias para este tipo de construcciones. "Hay gente a la que le sale rentable montarse su parcela sin licencia porque apenas hay órdenes de derribo", afirma el fiscal, quien hace hincapié en la levedad de las penas ante estas actitudes.