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INFORME DEL SEPRONA SOBRE EDIFICACIONES IRREGULARES | Los escándalos urbanísticos

La Guardia Civil ha denunciado 12.832 construcciones ilegales en año y medio

Un ciudadano de Madrid se construyó una vivienda ilegal junto a una vieja cañada de la Mesta, pero sin acceso directo ni al camino ni a la carretera. El ciudadano halló un hueco de apenas dos metros entre dos viviendas, tan ilegales como la suya, que estaban al borde del camino. Un día tiró una valla metálica desde su casa y unió el camino a su parcela, que adoptó forma de chupa-chups, con un palo de casi un kilómetro. Y el hombre ya entra con el coche a su casa. Sin más problemas y sin un sólo papel. Una ilegalidad en toda regla.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la policía ecológica de la Guardia Civil, han visto de todo por esos campos por los que patrullan. Viviendas ilegales en mitad de un camino, pozos abiertos sin ton ni son, chalés en mitad de parques naturales, cabañas de aperos convertidas en viviendas de dos pisos. De todo se traduce en que, entre enero de 2005 y junio de 2006, han denunciado 12.832 construcciones ilegales, de campo y playa, y han detenido a 239 personas por diversas infracciones contra la ordenación del territorio. Es decir, que cada día localizaron casi 24 construcciones ilegales.

Cuenca ha escalado a la primera posición por obras ilegales en 2006, con 520 denuncias

El instituto armado ha detenido a 239 personas por cuestiones de urbanismo

El Seprona, la policía ecológica del instituto armado, ha hecho un recuento de todas las infracciones en materia de ordenación del territorio localizadas en las áreas rurales, aunque estas tengan costa, ya que ése es la zona bajo su égida. Los agentes han recorrido vías pecuarias, líneas costeras, montes protegidos, las riberas de los ríos. Todo en busca de "una construcción o edificación en suelo no urbanizable común o suelo protegido por alguna disposición legal". Sólo durante 2005 localizaron 8.196 obras ilegales (desde casas matas a obras de mayor porte), de las que 365 fueron consideradas directamente delictivas y el resto, infracciones administrativas. Los agentes detuvieron a 116 personas.

Las provincias más infractoras durante el año pasado fueron, por este orden, Tenerife, Málaga, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Granada (con gran concentración todas en las zonas de playa), Cáceres y Coruña. Esta clasificación apenas se ha visto alterada durante las inspecciones realizadas en los seis primeros meses de este año, salvo por la escalada hasta la primera posición de infractores de la provincia de Cuenca, que copa casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Seprona de enero a junio de 2006.

Cuenca escala a ese puesto al contabilizar 520 edificaciones ilegales, casi todas levantadas vulnerando normas administrativas. Pero el récord absoluto del año en cuanto a delitos de este tipo lo tiene Almería, que reúne 101 de los 265 casos penales que el Seprona puso en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las actuaciones de la Guardia Civil conllevaron la detención de 123 personas, la mayoría de las cuales quedó en libertad y, como mucho, se llevó una multa. Los agentes reconocen que demoliciones como consecuencia de sus denuncias "ha habido más bien pocas".

Canarias, en cualquier caso, se confirma como el territorio donde sus convecinos menos dudan en levantar una vivienda ilegal, o al menos donde más se han localizado en el año y medio de estudio: 2.221 han sido denunciadas, lo que supera con creces a Málaga (1.136), Murcia (927) o Madrid (505). Estas tres últimas provincias son en las que, precisamente, la Guardia Civil tiene previsto que comiencen a trabajar los tres primeros Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, encuadrados en las Unidades de Policía Judicial. Éstos, en realidad, investigarán tramas de corrupción inmobiliaria, de mayor calado, en las que pueda haberse cometido delitos de tráfico de influencia, prevaricación, cohecho o blanqueo de dinero en relación con delitos urbanísticos.

Los casos denunciados por el Seprona poco tienen que ver con esos delitos, ya que en la mayoría de los casos detectados en los citados 18 meses "las construcciones son realizadas por los propietarios de las parcelas, siendo los promotores y los constructores ellos mismos", ya que "casi un 90% de los propietarios de las parcelas desarrollan su actividad profesional en la construcción". Es decir, nada de grandes empresas. Son cosas más sencillas. Como esa familia canaria que tuvo mellizos y, con el fin de hacer hueco a los recién llegados, cerró el porche para hacer nuevas habitaciones y se construyó una nueva terraza, invadiendo suelo que no era suyo.

"Se legalizan pozos"

El descaro es la norma. Las obras no se ocultan. Tanto es el desparpajo, que hay ciudadanos que no dudan en anunciarse en medio de urbanizaciones ilegales. "Se legalizan pozos", decía un cartel localizado por agentes de Seprona en Andalucía. La investigación del Seprona (que no incluye ni Cataluña ni el País Vasco, donde las competencias en esta materia la ejercen sus policías autonómicas) revela que los infractores siguen un modus operandi similar. El particular, primero, delimita su parcela, generalmente sin tener en cuenta que debe dejar espacios para viales, líneas de suministro... El ciudadano suele contar con que los ayuntamientos, como norma general, suelen limitarse a levantar acta y comunicar al infractor que "debe reponer el orden alterado".

Los propietarios se instalan luego la luz o el teléfono, "sin que las compañías comprueben si dichas líneas están autorizadas". Lo más normal, según el Seprona, es que hagan un enganche ilegal. Como es el caso de una comunidad de parcelistas que cuenta con un transformador para varias parcelas que tienen contrato y al que se enganchan los sin contrato.

Lo del agua es más rápido. Un pozo. "Ninguno de ellos se encuentra autorizados", lo que "genera una sobreexplotación del acuífero y la disminución del caudal". Claro que, como además las parcelas no tienen alcantarillado, se excava una fosa séptica, "sin poderse garantizar la total impermeabilización, con la consiguiente repercusión sobre el acuífero, que puede resultar contaminado". Si la parcela está en zona forestal, los constructores ilegales no han dudado en limpiar los bosques, talando lo que haga falta.

La casuística se completa con instalaciones de casas prefabricadas que se hacen pasar por casetas de aperos, con propietarios de un terreno que lo parcelan para que cada hijo se levante su propia casa o venderlas. Estas parcelaciones, muchas de ellas vistas en Sevilla, son delito, no infracción. Algunos de los denunciados aún no saben que lo son. Sólo saben que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevoló su casa. Fue para hacer un vídeo de la infracción. Cuando pasen tres meses del sobrevuelo, tendrá noticias. Malas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de octubre de 2006

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