La votación de la reforma del Estatuto en comisión obliga al PP a dar la cara

Se acabó el tiempo de jugar al póquer con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en sesión abierta, empieza a debatir y votar hoy los artículos, las enmiendas, las transaccionales y los votos particulares que los grupos parlamentarios mantienen al texto. A este trámite crucial se llega sin que los dos principales partidos de la Cámara, PSOE y PP, hayan cerrado antes un acuerdo definitivo. Hoy empezará a comprobarse si las buenas palabras son ciertas o un puro espejismo.

La proposición de ley de reforma del Estatuto, tras seis sesiones de la ponencia mixta Congreso-Parlamento andaluz, ha sufrido cambios en la redacción de unos 120 artículos de los 246 de los que consta. Estos cambios se han producido a través de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista a 87 artículos, muchas de ellas pactadas conjuntamente con el PP y con IU, formación que hizo posible alcanzar la mayoría cualificada necesaria para su aprobación en la Cámara autonómica.

Los populares mantienen que hay avances pero insuficientes. El PSOE dice que el 90% del texto está acordado con PP e Izquierda Unida.

Las correcciones aprobadas no modifican sustancialmente el texto aprobado en Andalucía e introduce en más de sesenta ocasiones citas expresas a determinados artículos de la Constitución y fórmulas de salvaguarda de la legislación estatal, a la que se remite continuamente.

Se ha suprimido la disposición adicional cuarta, en la que se contemplaba asumir cinco competencias estatales (puertos y aeropuertos de interés general, servicio meteorológico, cuenca hidrográfica del Guadalquivir, tráfico y seguridad vial y museos, archivos y bibliotecas) a través del artículo 150.2 de la Constitución.

Este recorte ha sido asumido por los autores del Estatuto (PSOE e IU) como una cuestión natural y esperada, siguiendo la teoría del buche que acuñó el sin par diputado de IU Antonio Romero: "Que el vaso de agua vaya rebosando y si hay que dar algún buche, que lo den en Madrid", dijo.

Guadalquivir

En cuanto al Guadalquivir, un asunto que PSOE, IU y PA han situado en un plano reivindicativo, la polémica para los socialistas quedó zanjada en el mes de julio, cuando tras tensas y duras reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente se acotó que la comunidad tendrá la "competencia exclusiva" sobre "las aguas que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad" y "sin perjuicio" de lo que dicta la Constitución.

Cuando hoy inicie sus trabajos la Comisión Constitucional que preside Alfonso Guerra no lo hará por el artículo 1, que aborda la definición de la comunidad como nacionalidad histórica. Este tema se ha dejado para el martes próximo, junto con el Preámbulo en el que se alude a la realidad nacional de Andalucía.

Este punto es el único que, de verdad, separa al PP del acuerdo. Resulta una tremenda paradoja que el principal muro del debate político se construya sobre un asunto identitario, cuando en Andalucía no hay ningún conflicto de identidad o duda de su pertenencia a España. Nadie -ni siquiera el secretario general Partido Andalucista, Julián Álvarez- dice conocer a un independentista andaluz.

El término realidad nacional entra de lleno en el mundo de lo simbólico. Se puso, para pasmo de muchos socialistas que no se identifican con él, para atraer al PA al acuerdo. Ese fue el primer argumento que dio el PSOE, pero luego se añadió que también se pretendía mantener el mismo estatus político a Cataluña, de cuyo Estatuto se copió, tras proponerla el ex ministro Manuel Clavero Arévalo, la fórmula siguiente: "La Constitución Española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad".

Los socialistas han ofrecido al PP desvincular esa expresión de la Constitución española, como de manera reiterada ha pedido la ponente popular Soraya Sáenz de Santamaría, pero también han comunicado a los populares que no habrá redacción alternativa alguna si no pacta el Estatuto.

El PP pretende ganar tiempo para, como afirma un político andaluz, "recoger el hilo de la cometa" que durante dos años ha soltado. La solución a ese escollo puede pasar por ligar el término realidad nacional como expresión de las manifestaciones del 4 de diciembre y el referéndum del 28 de febrero de 1980 que llevaron a que Andalucía ya se definiera entonces como una nacionalidad, como prevé la Constitución. Si, al final, el PP la acepta, ¿podrá Arenas explicársela a su madre y a sus hijos como dijo el jueves? ¿Ya no será un cachondeo, como aseguró Rajoy? ¿Ni tampoco una chirigota, según María San Gil?

Zaplana

Aplazado este debate para el martes y a la espera de que se cumpla la palabra del presidente regional del PP, Javier Arenas, de que "esta semana" se puede sellar el pacto, el PP tendrá que empezar hoy a mostrar sus cartas. Es decir, si va a mantener vivas sus enmiendas para el pleno del Congreso del día 2, si las retira y si acepta o no algunas o todas las transaccionales que les ofreció en el trámite de ponencia sobre la educación laica, la muerte digna o el blindaje de las competencias. Al cierre de esta edición, no había transcendido si el PP había comunicado a los socialistas su posición.

Estos asuntos forman parte de un bloque de diez temas, al que hay que añadir el de la deuda histórica, cuya solución se había dejado para que la anunciaran en una comparecencia conjunta el presidente de la Junta, Manuel Chaves y Arenas.

La irrupción del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana -quien consideró "tremendamente complicado" el acuerdo mientras que Arenas lo desmintió y dijo que lo veía "posible"- paró la escenificación del pacto.