Los camioneros critican el papel de las instituciones en el conflicto del Puerto de Bilbao

La actitud de las instituciones -el Gobierno y la Diputación de Vizcaya- y de la Autoridad Portuaria de Bilbao suma cada vez más críticas entre los agentes que trabajan en el Puerto. A la censura de las empresas de transporte, ayer se unieron los camioneros autónomos que copan el transporte de los contenedores por carretera, un modelo cerrado a la competencia que se quiere variar desde hace dos años.

La Mesa de la Competitividad, el foro creado por las instituciones para garantizar la libre competencia, se reunió ayer en Bilbao durante menos de 45 minutos. Tras la cita, los dos sindicatos cuyos afiliados realizan en exclusiva el transporte de contenedores, Egas y Sintrabi, reprocharon la actitud de las administraciones.

Sintrabi lo hizo públicamente en la reunión y reclamó al Gobierno "claridad" en las negociaciones. "Que nos digan lo que quieren, porque no se puede negociar con medidas judiciales", señaló su secretario técnico, Daniel González, vinculando al Ejecutivo con la operación judicial que a finales de septiembre supuso la detención de 18 personas por presuntos delitos en el funcionamiento del transporte de mercancías por carretera. Todos elllos fueron puestos libertad sin medidas cautelares, tras prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Sintrabi, que agrupa al 80% de los camioneros que trabajan en este modelo cerrado, anunció que mantendrá una actitud pasiva si el Gobierno "sigue con la política del palo y la zanahoria".

Egas expresó tras el encuentro su opinión de que la Mesa de la Competitividad "es un cuento y lo que se hace [para solventar el conflicto] es fuera de ella", señaló un portavoz, quien anunció que manifestarán estas valoraciones en la próxima reunión de la comisión creada para el conflicto del transporte.

40 minutos reunidos

La mitad de la corta reunión celebrada ayer se dedicó a la operación judicial. Los empresarios arrestados y Sintrabi se quejaron por lo ocurrido y reclamaron un pronunciamiento de apoyo a los implicados, a lo que se negaron las administraciones. La viceconsejera de Transporte, Arantza Tapia, sólo comentó que se trata de un asunto de la Audiencia Nacional y que la Ertzaintza había actuado bajo su mandato y no por ninguna orden de la consejería de Interior, según los asistentes al encuentro. Los representantes de la patronal de consignatarios y estibadores, cuyo presidente y vicepresidente fueron dos de los detenidos, pidieron la mediación de Tapia para reunirse con el consejero de Interior, Javier Balza.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo ha levantado, en un auto ya enviado a las partes, el secreto de sumario a gran parte de las diligencias, pero lo mantiene sobre lo actuado desde julio, donde se sustancian las imputaciones de los detenidos.