Fatalismos inversos

Durante la conversación informal mantenida el pasado jueves en el Palacio Real con un grupo de periodistas, el presidente del Gobierno volvió a recalcar la ineludible necesidad de que la izquierda abertzale acepte la Ley de Partidos Políticos (LPP) si quiere concurrir a los comicios municipales y forales de 2007. La sentencia 48/2003 del Constitucional interpretadora de la citada norma permitiría la legalización de un partido situado en el espacio electoral representado en su día por la disuelta Batasuna siempre que se inscribiera en el registro del Ministerio del Interior con unos estatutos adecuados. La LPP no exige que los dirigentes y militantes de una formación política "realicen una retractación de sus actividades pasadas", sino que sus futuras conductas no vulneren los principios democráticos ni los derechos fundamentales mediante el apoyo al terrorismo: nuestro ordenamiento jurídico es ajeno a un "modelo de democracia militante" que imponga a los partidos la comunión con un determinado régimen o sistema político más allá del respeto al texto constitucional y a sus procedimientos de reforma. El comentario de Zapatero fue replicado al día siguiente de manera destemplada por un comunicado de la ilegalizada Batasuna, que descalificó la oferta como "una nueva forma de despiste", exigió la inmediata reunión -con su presencia- de la proyectada mesa de partidos y mostró una vez más su resistencia a pasar por la ventanilla del Ministerio del Interior para tramitar su inscripción con nombre y estatutos nuevos.

Sobre la confusa situación del País Vasco sólo parecen tener certezas blindadas -si bien de contenidos diametralmente opuestos- el presidente del Gobierno y los dirigentes del principal partido de la oposición. Zapatero está seguro de que el proceso de final dialogado de la violencia, aunque "largo, duro y difícil", se ajustará al calendario previsto, se desenvolverá dentro de los parámetros constitucionales y tendrá un cierre feliz. Las conclusiones del PP no son menos deterministas en cualquiera de las versiones del final de su película: o bien el Gobierno habría pactado con ETA una capitulación por entregas (anexión al País Vasco de Navarra y de los territorios franceses ultrapirinaicos, autodeterminación e independencia de la Euskal Herria resultante), o bien la banda rompería la tregua tras aprovechar el alto el fuego para recuperar fuerzas.

Cabe imaginar, sin embargo, que las oportunidades abiertas por la resolución del Congreso de mayo de 2005 (que apoderó al Gobierno para explorar las posibilidades de un final dialogado de la violencia) y por el alto el fuego permanente de ETA de marzo de 2006 estén demasiado marcadas por la incertidumbre y descansen sobre ambigüedades lo suficientemente equívocas como para poner en marcha consecuencias imprevistas e incluso inimaginables para los interlocutores. A diferencia del optimismo determinista del Gobierno y del pesimismo fatalista simétricamente opuesto del PP, una actitud racional que combinase el escepticismo con una buena voluntad esperanzada contrastaría las palabras con los hechos, analizaría la marcha de las negociaciones, desconfiaría de los rumores y quedaría a la espera de los resultados finales para juzgarlos: el apóstol Tomás el Mellizo del Evangelio ("ver y tocar para creer") sería el santo patrono de esa tribu sin certezas.

Mientras el presidente del Gobierno continúe teniendo el respaldo del Congreso y del electorado, el mandato parlamentario recibido en 2005 seguirá legitimando su arriesgada apuesta y concediendo un amplio margen de discrecionalidad a sus decisiones (acertadas o erróneas). Existen indicios, por lo demás, de que el proceso de final dialogado de la violencia ha sacado a la superficie graves tensiones dentro de la banda terrorista y entre los dirigentes y militantes de su brazo político: si bien hace tres años y medio que ETA no mata, la resistencia de Batasuna a legalizarse y la continuidad de la kale borroka (incluso después de terminada la huelga de hambre de De Juana Chaos) son síntomas preocupantes. Y esa perspectiva de ruptura interna podría ser utilizada de manera ventajista por los dirigentes actuales de ETA y Batasuna para tratar de arrancar concesiones al Gobierno bajo la amenaza de que si se negasen a ceder a ese chantaje los supuestos halcones desplazarían del poder a las presuntas palomas.