Las secretarias de Roca revelan al juez el poder del ex asesor urbanístico en Marbella

El ex asesor de urbanismo de Marbella y cerebro de la trama de corrupción urbanística del municipio, Juan Antonio Roca, convocaba todos los lunes y martes en el despacho de su empresa a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y a algunos de los concejales imputados, según declararon al juez las secretarias del principal imputado en el caso Marbella. Ambas testigos revelaron al juez que Roca se sentía perseguido por la policía hasta el punto de que, meses antes de que se destapara la trama, les ordenó ocultar la documentación de todas sus empresas "para que la gente no supera que esas sociedades eran suyas".

El ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, sabía que la policía estaba detrás de él y eso le afectaba. "A partir de noviembre cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalía y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella", según Ainhoa C. G., que fue contratada por la empresa Maras Asesores, desde la que Roca dirigía los destinos de Marbella y entró a trabajar como secretaria.

"Roca me dijo que lo más importante de mi trabajo es que fuera muy discreta y que en ningún momento se debía asociar el Ayuntamiento con Maras". Ainhoa relató el pasado abril a la Policía cómo Roca ejercía su poder en la ciudad. Su declaración consta en un documento del tomo XX del sumario, cuyo secreto fue levantado ayer por el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres. La Policía también interrogó a otra administrativa, María José L. H. y al gerente de la empresa que instaló varios sistemas de seguridad en las propiedades de Roca.

"Roca se reunía todos los lunes y los martes con la alcaldesa y el resto de concejales. Él nunca se desplazaba a ver a nadie pero cuando llamaba a la alcaldesa, a algún concejal o al jefe de la Policía Local venían inmediatamente a despachar con él", relató María José L. H. Y añadió a renglón seguido: "Él no recibe en ningún caso instrucciones de los concejales. Más bien creo que es al contrario".

Ainhoa contó a la Policía que sintió "temor" cuando le dijo a Roca que quería dejar su empleo en Maras "por la carga de horas de trabajo". El ex gerente de Urbanismo parecía saber que sus actividades no estaban bien vistas socialmente. "En ocasiones me dijo que estaba estigmatizada y que si dejaba el trabajo no encontraría otro en ningún sitio", relató. El temor reverencial al ex gerente se daba también en los concejales: "Cuando Roca les llama vienen inmediatamente, nunca le hacen esperar y cuando son ellos quienes quieren verle a veces les tiene un rato esperando".

Entre nueve y 11 teléfonos

Cuando en noviembre de 2005 la Policía y el juez dieron los primeros pasos en la operación Malaya, el ex gerente de Urbanismo ya se olía los problemas que le llevarían a la cárcel de Alhaurín de la Torre cinco meses después. "Nos ordenó que guardáramos la documentación de las empresas en quince cajas que contenían más de 1.000 carpetas. Luego no sé a dónde se las llevó", explicó Ainhoa a los agentes. A la secretaria también le llamó la atención las enormes necesidades de comunicación del ex gerente de Urbanismo. "Tenía entre nueve y 11 teléfonos móviles, que usaba para hablar con diferentes personas y con distintos cometidos".

Por la sede de Maras Asesores pasaba todo aquel que quería hacer negocios urbanísticos en Marbella. Entre las visitas, Ainhoa recordó la de José Ávila Rojas, el constructor granadino detenido en la segunda fase de la operación Malaya en junio, o los abogados Francisco Soriano y Manuel Sánchez que, según la secretaria, "iban a Planeamiento como un señor por su casa". Por su parte, la secretaria María José señala que "las personas que más se reunían con el señor Roca eran promotores de Marbella, entre otros Emilio Rodríguez Bugallo, dueño de Construcciones Salamanca y José Ávila Rojas". Otros visitantes habituales al despacho del todopoderoso asesor, también imputados en la Operación Malaya, eran Ángel Rodríguez, que quería construir un geriátrico, y el empresario de vehículos Ismael Pérez Peña, uno de los detonantes de la caída del imperio de corrupción marbellí.

A pesar de que Roca le exigía a Ainhoa discreción sobre la naturaleza de las dos actividades de secretariado, el ex gerente tampoco tomaba excesivas precauciones. "He visto informes técnicos del Ayuntamiento en la sede de Maras Asesores". "A principios de mes venía siempre el concejal Rafael González a pedir unos expedientes cuya numeración no se correspondía con la utilizada habitualmente. Creo que se trataba de dinero, porque González me dijo en una ocasión que Roca le ayudaba porque tenía embargado el sueldo". González, edil desde 1995, fue el único del extinto GIL que no participó en la moción de censura que echó de la alcaldía a Julián Muñoz.