Asuntos Sociales amplía su servicio de atención jurídica y social a inmigrantes
El Ejecutivo saca a concurso la gestión de Heldu para responder a nuevas necesidades
El Departamento de Asuntos Sociales ha decidido ampliar las funciones de Heldu, su servicio de asistencia jurídico-social a personas inmigrantes. Para atenderlo se ha optado por organizar un concurso público, cuya convocatoria salió publicada ayer en el Boletín Oficial del País Vasco.
Heldu, con sedes en los tres territorios, echó a andar en Vizcaya en noviembre de 2002. Unos meses después abrieron las oficinas de Guipúzcoa y Álava. Todas funcionan gracias a los convenios de colaboración firmados con los colegios de abogados de las tres provincias. El servicio, de carácter gratuito, nació con el objetivo de ayudar a los extranjeros sin papeles empadronados en los municipios vascos a regularizar su situación. Además, asesora a los servicios sociales de base de Euskadi.
A finales de 2004, Heldu había atendido a 7.615 inmigrantes. Estos son los últimos datos registrados por Asuntos Sociales, que apunta que esa cifra se disparó coincidiendo con el proceso extraordinario de regularización del pasado año.
El caso es que, con el paso del tiempo, las consultas realizadas a Heldu han dejado de ser exclusivamente sobre qué trámites hay que seguir para obtener un permiso de residencia y trabajo, y se han extendido a otras materias relacionadas con la legislación laboral o la normativa sanitaria, entre otras, según explicó ayer el director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro.
"El itinerario de inserción de una persona inmigrante afecta a varias facetas de su vida: procedimiento para obtener permiso de residencia y trabajo, formación, empadronamiento, acceso al mercado laboral en condiciones dignas, acceso a la vivienda", subrayó el director de Inmigración.
Por eso, Asuntos Sociales ha sacado el servicio Heldu a concurso, de manera que la empresa u organismo -podría ser una unión temporal de entidades- que resulte adjudicataria responda a las nuevas necesidades planteadas desde el movimiento social y los propios inmigrantes.
El nuevo Heldu pondrá énfasis en atender cuestiones laborales hasta ahora no cubiertas, entre ellas la de la explotación laboral. Hará también un especial seguimiento de las denuncias por discriminación y de los casos de explotación sexual, según concretó Marro, quien denunció que en 2005, durante el proceso de regularización, se registraron casos de estafas a inmigrantes.
El servicio sale a concurso con el mismo presupuesto con que cuenta en la actualidad: 900.000 euros para los tres territorios. El adjudicatario comenzará sus labores en enero de 2007. Marro reconoció la labor llevada hasta ahora por los colegios de abogados y señaló que estas entidades se podrán presentar a la nueva convocatoria. Con todo, aludió a cierta resistencia a la ampliación del servicio por parte de los letrados, pues podría convertirse en un recurso competitivo para sus despachos.
