Los Verdes denuncia a la Fiscalía por fraude a siete funcionarios municipales de Marbella

Los Verdes ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga a siete funcionarios de la delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella por prestar sus servicios "de forma simultánea al Ayuntamiento y a sociedades municipales realizando el mismo trabajo", e incurrir en un supuesto delito de fraude. La denuncia señala asimismo que cinco funcionarios cobraron trabajos "que no han desempeñado", basándose en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas relativo a los ejercicios 2000-2001. Los funcionarios aún cobran dichos complementos salariales.

La denuncia pone en tela de juicio la supuesta connivencia de siete funcionarios de la delegación de Urbanismo, colaboradores del ex asesor y supuesto cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, para sostener el polémico y desmedido urbanismo implantado durante más de una década en Marbella.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que audita los ejercicios 2000-2001 resulta demoledor. "Los pagos a concretos funcionarios pone de manifiesto la plena ocupación horaria de los funcionarios, que no dispusieron de tiempo material para realizar los posibles trabajos de idéntico contenido facturados a las sociedades mercantiles".

La denuncia, presentada por el parlamentario de Los Verdes, Francisco Garrido, expone ante la Fiscalía la prestación de servicios de forma simultánea por parte de siete funcionarios, al Ayuntamiento y a sociedades municipales "realizando el mismo trabajo". Entre ellos destacan el actual arquitecto jefe de Urbanismo, Francisco Merino, imputado en el caso Monteverde, y que percibió más de 43.000 euros (7.371.655 pesetas) entre 2000 y 2001 de la sociedad Planeamiento 2000 SL, y el también arquitecto Juan Muñoz, que recibió más de 34.000 euros (5.772.500 pesetas).

Además figuran el arquitecto Enrique Arrabal, el delineante José Camacho, el arquitecto técnico Juan Cerezo, el topógrafo Carlos Rubio y el técnico en Obras Públicas Ángel Maté. "Ha sido un paso lento, pero es lógico que ahora le toque el turno a la base de Urbanismo", comentó ayer Andrés Gálvez, secretario de Organización de Los Verdes en Málaga.

Compatibilidad

Los siete funcionarios municipales adscritos al departamento municipal de Urbanismo facturaron a las sociedades municipales Planeamiento 2000 SL y Gerencia de Obras SL 168.375 euros en concepto de asistencia técnica en sólo dos años. La comisión de Gobierno les concedió en 1999 la compatibilidad para prestar funciones "de asesoramiento especial" a las empresas municipales, pese a ser funcionarios municipales.

Pero a pesar de que esta compatibilidad contara con luz verde de la corporación municipal gilista, a juicio del Tribunal de Cuentas, existió una irregularidad en los pagos. De esta forma, el informe de fiscalización constata que la resolución "reconoce expresamente que se trataba de actividades coincidentes con la que realizaban en el Ayuntamiento como funcionarios, lo que carece de sentido, y en consecuencia, los pagos pudieran considerarse indebidos".

El topógrafo Carlos Rubio se defendió ayer de las acusaciones con el argumento de que el pleno municipal autorizó los trabajos extraordinarios. "Nos propusieron trabajar por las tardes por la cantidad de trabajos acumulados, y contaba con el visto bueno del Jefe de Personal, yo no era quién para estudiarlo", alegó. "Una cosa es cobrar sin trabajar y otra muy distinta cobrar por trabajar más", añadió en su defensa.

Además, cinco de los siete funcionarios denunciados percibieron desde la primavera de 2001 un complemento salarial en concepto de "mayor dedicación por trabajos extraordinarios durante tres horas diarias en jornada de tarde", justificadas por acumulación de trabajo en la información de licencias de obras y redacción de proyectos. Antes de que concluyera el año 2001, dichos trabajadores municipales percibieron por este concepto 47.058 euros.

En su Informe de Fiscalización, el Tribunal de Cuentas es tajante al señalar que "la gestión de personal en las sociedades municipales no estuvo sometida a ningún tipo de control financiero, lo que ha dado lugar a determinadas anomalías y abusos".

La exhaustiva auditoria de los inspectores del tribunal de control financiero revela el asombroso caos que reinaba en el sistema de las nóminas percibidas por los trabajadores municipales del Ayuntamiento y la inexistencia de una relación de puestos de trabajo. "La ausencia de una estructura de nómina predeterminada para cada puesto de trabajo provocó que existiera un gran número de conceptos retributivos (incentivos, productividad, plus de productividad, producciones, complemento personal, locomoción, vacaciones, retribución variable, premios de permanencia...)", sostiene el informe del Tribunal de Cuentas.

El descontrol salarial era patente también entre algunos funcionarios que llegaron a percibir inauditas nóminas. "Incluso durante un mismo ejercicio hubo trabajadores que percibieron diversos sueldos base. Todos estos aspectos originaron que la retribución del trabajador variase de un mes a otro sensiblemente", concluye el informe en su apartado referente a las retribuciones de los trabajadores de las sociedades municipales.