La Comunidad retrasa la propuesta de normas propias

Los problemas de control interno que la Cámara de Cuentas ha detectado en el Consejo de la Juventud (CJ) están fundamentados en que el Ejecutivo regional que dirige Esperanza Aguirre aún no ha desarrollado su reglamento, como obliga la ley que lo regula. Eso provoca, según la Cámara, que se pongan de manifiesto "debilidades de control interno".

"El Consejo presentó el pasado 7 de abril al consejero la propuesta de funcionamiento interno aprobada en la Asamblea general de hace un año, con los votos favorables de la inmensa mayoría de las organizaciones. Desde entonces, no hemos tenido ninguna noticia", explicó el presidente del Consejo de la Juventud, Juan Martínez.

Éste considera que con esta propuesta han cumplido sus obligaciones, pero que ahora dependen del Gobierno regional. "Cada vez que tengo un encuentro con el director general de Juventud se lo indico", puntualiza.

Comparecencia

El grupo socialista ha reclamado la comparecencia en la Comisión de Juventud del consejero de Educación, Luis Peral, para el próximo 20 de octubre. Según el diputado Javier Gómez, su intención es que explique por qué no se ha pronunciado el Gobierno regional sobre la propuesta de reglamento, cinco meses después de que fuera presentada.

"Desde 2002, cuando se modificó la ley que regulaba el Consejo, se percibió desde este órgano que necesitaba de un gerente que diese continuidad en el papeleo administrativo y que garantizase el correcto tratamiento de la contabilidad", explica el diputado socialista.

En la actualidad, la persona encargada de esta responsabilidad es una contable interina contratada a media jornada, según explica Juan Martínez. El resto de trabajadores que gestionan la burocracia del organismo son únicamente tres técnicos que también están contratados a media jornada.

Para poder hacer frente al gasto de un contable de dedicación exclusiva, el Consejo ha reclamado a Educación que aumente la partida que le destina el Gobierno regional a partir de los Presupuestos Generales en 90.000 euros. Con esa cifra también contemplan hacer frente a los gastos de auditoría externa a los que obliga la Ley de Hacienda y el coste de que un miembro de la Comisión Permanente trabaje como liberado.

"Por poner un ejemplo, el Consejo de la Mujer, donde hay una representación menor de organizaciones, cuenta con un personal formado por un liberado político y un gerente, así como con una dotación de 600.000 euros", agrega Gómez.