El relator de la ONU para la tortura califica a los etarras de "presos políticos"

Manfred Nowak, relator especial de la ONU sobre la Tortura, califica a los etarras encarcelados de "presos políticos vascos" en su informe de 2006 para verificar si el Gobierno español cumple los consejos de Naciones Unidas para prevenir malos tratos a detenidos. El informe, basado en "fuentes no gubernamentales", fundamentalmente del mundo radical abertzale, asegura que España no cumple los consejos para evitar casos de tortura durante la detención incomunicada y que los que se denuncian no se investigan suficientemente.

El calificativo está incluido en el punto 292 del informe, en donde se vierte una dura crítica contra la política de dispersión penitenciaria. "Desde diciembre de 2004 hasta octubre de 2005", dice, "se han realizado 93 cambios de destino en el Estado español en lo que respecta a los presos políticos vascos. De ese total, 64 traslados han sido para alejarlos más todavía (...). De los 528 presos vascos encarcelados en las prisiones del Estado español, tan sólo 11 están en el País Vasco. La media de distancia en kilómetros es de unos 630 (...). Desde la puesta en práctica de la política de dispersión, han sido 16 los familiares y allegados que han perdido su vida en carreteras".

El informe, de 26 de marzo, incluye una revisión de las recomendaciones cursadas a las autoridades de Azerbaiyán, Brasil, Camerún, Chile, México, Rumania, la Federación Rusa, España, Turquía, Uzbekistán y Venezuela. Nowak se centra en el régimen de incomunicación de detenidos que, dice, "las autoridades no cuestionan", y en las denuncias de torturas, que, explica, las autoridades españolas "tachan de falsas".

Denuncias por maltrato

El informe explica que en 2004 se dieron 70 detenciones incomunicadas, que conllevaron 57 denuncias judiciales por maltrato, mientras que "durante el año en curso, de las 50 personas detenidas en régimen de incomunicación, 46 han denunciado haber sufrido torturas y malos tratos". El texto añade que en 2004 se archivaron 61 denuncias, "dos sin practicar una sola prueba, 22 practicando una prueba y 37 de ellas con más de una prueba".

Las fuentes no gubernamentales que cita el relator aseguran que España no ha puesto en marcha "un plan general para impedir y suprimir la tortura y otras formas de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes". El relator también cuestiona el plan de la Consejería de Interior vasca para evitar la tortura, porque "en ningún caso restringe la aplicación de la incomunicación" y porque las informaciones que se facilitan a las familias "en ningún caso aportan datos concretos sobre el detenido".