Las tres palabras de la discordia

¿Puede el Partido Popular, el principal de la oposición, votar no al Estatuto de Andalucía porque no le gustan tres palabras? ¿Va a soportar durante otros 26 años que se le recuerde su alergia autonomista porque figuren "realidad nacional" y "laica"? ¿Puede el PSOE tirar por la borda el acuerdo con el PP por esos mismos términos?

A partir del día 19, cuando empiece el debate de la proposición de ley de reforma del Estatuto de Andalucía en la Comisión Constitucional del Congreso se verá hasta qué punto están dispuestos a ceder los dos partidos. Por el momento, el Partido Popular ha pasado de la virulencia verbal a la hora de pronunciarse sobre estas cuestiones a una cierta displicencia. Están a la espera de que los socialistas les presenten redacciones que les permita asumir, aunque sea con la nariz tapada, esos preceptos.

Una decena de artículos separan al PP de su voto afirmativo en el Congreso al Estatuto andaluz, aunque, según fuentes de los dos partidos, estos se reducen a dos: el Preámbulo, en el que se afirma que "la Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad"; y el artículo 21, en el que se dice que "la enseñanza pública es laica, sin perjuicio del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo a sus propias convicciones".

Se trata de dos artículos con una potente carga simbólica e ideológica, más que de eficacia. Según la doctrina, los Preámbulos no tienen consecuencias jurídicas y la redacción del artículo 21 es un galimatías que dice una cosa -la enseñanza pública es laica- y la contraria -pero los niños pueden recibir clases de religión-. Esta redacción se puede embarullar aún más si sale la enmienda que prepara el PSOE en la que acude al auxilio del artículo 16.3 de la Constitución para dejar claro que cuando proclama el laicismo de la enseñanza, lo hace "en el sentido de que ninguna confesión tendrá carácter estatal".

La posición del PSOE en ambos temas es absolutamente firme: ninguna de esas palabras va a desaparecer. Los socialistas afirman que han jugado limpio con sus interlocutores populares, cuando en el mes de julio comunicaron por escrito al PP, a través del ex secretario general, Juan Ojeda, que el termino "realidad nacional" era "intocable".

Fuentes próximas al presidente andaluz, Manuel Chaves, aseguran que está dispuesto a "asumir el coste" de que no haya acuerdo con los populares por esas dos banderas. De lo contrario, el PSOE caería en los más absolutos de los ridículos, al defender durante meses una expresión que no forma de su acervo ideológico, que la incluyeron para atraerse sin ningún éxito al PA y, que posteriormente argumentaron que se trataba de hacer un Estatuto en plano de "igualdad" con Cataluña.

Al PP la oferta que le ha hecho el PSOE de añadir "en el marco de la unidad de España" al término realidad nacional le parece "insuficiente", dijo la semana pasada la ponente popular Soraya Sáenz de Santamaría, quien enfatizó: "La Constitución española no contempla la definición de Andalucía como realidad nacional. Eso no es asumible". "Tal y como está no es asumible", repitió Sanz.

Estas educadas declaraciones son la cara amable de otra mucho más agresiva en las dirigentes populares calificaron la realidad nacional de Andalucía como un "cachondeo" (Mariano Rajoy), una "chirigota" (María San Gil) o un "fraude constitucional" (Antonio Sanz). Los populares guardaron un absoluto silencio cuando el ex ministro de la UCD y padrino político de Javier Arenas, Manuel Clavero Arévalo, alumbró esta redacción en el Parlamento. Incluso, fuentes populares llegaron a afirmar que llegados el caso estaban dispuestos a asumir la fórmula Clavero, tras añadir algunos matices.

El principal problema que tiene el PP para dar su abrazo definitivo al Estatuto andaluz se encuentra, una vez más, fuera de Andalucía. Se hallan en los folios registrados por los diputados populares ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. La solución que han ido buscando socialistas, populares e Izquierda Unida ha sido la de enmarcar los puntos dudosos del Estatuto andaluz, muchos de ellos copiados del catalán, en el marco de la legislación estatal o de la Constitución. De este modo, pueden ahorrarle trabajo al alto tribunal cuando dicte sentencia, aunque un sector del PP también puede dar por finalizada su teoría de la ruptura de España.