El sindicato expedientado por FGV se querellará y llamará a la huelga

La decisión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) de abrir expediente disciplinario a un sindicalista por sus críticas ante la comisión de las Cortes que investigó el accidente de metro de julio con 43 muertos desató ayer un fuerte rechazo. El Sindicato Ferroviario anunció su intención de querellarse y convocar huelga si FGV no retira el expediente, y la oposición tildó el hecho de "caza de brujas" y "proceso inquisitorial".

El secretario general del Sindicato Ferroviario-Intersindical Valenciana (SF-IV), Fernando Soto, anunció ayer que presentará una querella contra la empresa pública de transporte en general y en particular también contra el director adjunto de Explotación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Vicente Contreras, si no se retira el expediente anunciado a su representante en el Comité de Seguridad en la Circulación, Diego Trigo. Expediente que la empresa ha abierto a raíz de las declaraciones realizadas por el sindicalista en la comisión de investigación que se desarrolló en las Cortes en el mes de agosto sobre el accidente de metro en las que Trigo denunciaba la responsabilidad de Vicente Contreras y consideraba que da nuevas contratas "a quien quiere". El sindicato también defendió su intención de convocar huelga si la empresa no retira esta medida. El SF-IV anunció, además, que pedirá en los próximos días amparo a las Cortes Valencianas y al Síndic de Greuges.

Fernando Soto explicó que el sindicato está recibiendo "muestras de apoyo tanto de partidos como de asociaciones y familiares de las víctimas" y lamentó una decisión que considera más propia "de otro tiempo político y no de la España actual". El responsable sindical rechazó que la empresa recurra a un expediente de carácter laboral "en cuestiones ajenas al mundo laboral".

Las críticas a la decisión de Ferrocarrils también arreciaron desde la Intersindical Valenciana, que ayer consideró que el expediente es un "intento de acallar una de las voces más críticas con la gestión de la empresa" en un accidente de metro "previsible y evitable". El sindicato dijo que no va a callar "ante estos hechos intimidatorios".

La medida también provocó el rechazo de los partidos en la oposición. Andrés Perelló, portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes, tildó el hecho de "maniobra indecente y de baja catadura democrática para que la verdad no aparezca". El responsable socialista se preguntó por qué no se expedientó al maquinista en su día y vinculó la apertura de este expediente con la decisión de los sindicatos de personarse en la causa judicial abierta. "Tanto el Consell como el PP, con Camps a la cabeza, han emprendido una caza de brujas para que no se sepa la verdad", dijo Perelló. Los socialistas "no tolerarán que se cometan estas tropelías desde el poder", añadió.

El portavoz de EU-L'Entesa, Joan Ribó, pidió la comparecencia del consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Ribó calificó la medida de "proceso inquisitorial" y exigió su "retirada inmediata". El político lamentó que el PP siga intentando callar "cualquier disidencia" con "una persecución política" que para Ribó demuestra que el Consell tiene muchas cosas que ocultar.

La contundencia de las críticas hizo que Ferrocarrils emitiera un comunicado en el que trataba de quitar hierro a la medida. Así, y aunque en la comunicación remitida a Diego Trigo anunciaba la apertura "de expediente laboral disciplinario", ayer señaló que el expediente es "de carácter informativo" y da paso a una investigación. La empresa aseguró que "siempre" ha aceptado y respetado "todas las opiniones" aunque en este caso entiende que hay indicios de la vulneración de los derechos "de otro trabajador". FGV dijo que este año ha abierto 38 expedientes por existir indicios de incumplimiento de algunas normas del reglamento.