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Alonso se opuso en el Gobierno a que la Armada interceptara barcas de inmigrantes

El Ejecutivo analizó la posibilidad de desplazar buques de guerra a Mauritania y Senegal

"El Ejército puede ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado, pero no puede estar, sería un disparate, gestionando el control de la inmigración ilegal". La frase, repetida públicamente por el ministro de Defensa, José Antonio Alonso -la última, en declaraciones a El Socialista-, la pronunció también en privado, en el seno del Gobierno, cuando, a principios de septiembre, en el momento álgido de la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias, compañeros de Gabinete plantearon recurrir a la Armada para interceptar los cayucos en las costas africanas. La idea se ha descartado. Por ahora.

"Ante situaciones críticas, como la que se vivió el primer fin de semana de septiembre [cuando 2.283 subsaharianos llegaron a Canarias a bordo de 27 cayucos]", reconocen fuentes gubernamentales, "todo el mundo piensa qué más puede hacerse y la tentación es mirar al depósito último de recursos que tiene el Estado: las Fuerzas Armadas".

Desde el pasado 18 de mayo, cuatro patrulleros y tres aviones -entre ellos, un P-3 Orion de vigilancia marítima- participan en la operación Noble Centinela, a unas 50 millas al sureste de Canarias. Su función se limita, sin embargo, a avisar de la llegada de cayucos, para que los servicios de acogida estén preparados en tierra, o acudir en su ayuda, si corren riesgo de naufragio. La otra función teórica, ahuyentar a los buques nodriza que acercarían al archipiélago embarcaciones más pequeñas, ha quedado inédita pues éstos, de existir, no se han dejado ver últimamente.

Lo que se planteó en el debate entre los ministerios directamente implicados (Defensa, Interior, Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores y Presidencia) fue, según las fuentes consultadas, la posibilidad de que el operativo de la Armada pasara "al otro lado"; es decir, que los buques se situaran ante la costa africana, de forma que interceptaran a los cayucos a la salida (para devolverlos a su origen), y no a la llegada (para acompañarlos a su destino).

Esta misión la cumplen ya en Mauritania y Senegal tres patrulleras de la Guardia Civil y el buque Petrel del Servicio de Vigilancia Aduanera, pero su autonomía y capacidad de relevo es muy inferior a la que tiene la Armada, por lo que el recurso a buques militares era la opción más sencilla, según las mismas fuentes.

La idea se desechó, no obstante, por varias razones. La primera se deriva de las características de un buque de guerra y de la preparación de sus tripulantes. Si un barco de gran tonelaje tratara de abarloarse a un cayuco, sobre todo en contra de su voluntad, es más que más probable que acabara por hundirlo, advierten fuentes militares. Y la opinión pública difícilmente aceptaría una catástrofe fácilmente evitable.

La segunda es de orden legal. Ni Senegal ni Mauritania aceptan que el control de la inmigración en sus aguas lo hagan buques militares extranjeros, pues atenta contra su soberanía.

Ése ha sido uno de los mayores obstáculos para poner en marcha el dispositivo de vigilancia que coordina la agencia europea Frontex. Muchos países de la UE carecen de barcos guardacostas y la mayoría de los que disponen de ellos los tienen adscritos a la Marina de Guerra. Cabo Verde ha admitido que un buque de guerra portugués patrulle sus aguas, pero no Senegal. Por eso, el barco italiano allí desplegado pertenece a la Guardia de Finanzas. No deja de ser significativo que Francia, que tiene una base en Senegal con más de 1.100 militares, no participe en el dispositivo. Ello se debe, según las fuentes consultadas, a que las autoridades de Dakar no han aceptado que el Ejército francés participe en el control de la inmigración ilegal, a pesar de que se dijera lo contrario tras el viaje que el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, hizo el pasado día 23.

También del lado español había problemas. Un buque de guerra está sujeto a una jurisdicción especial y no puede llevar una tripulación mixta (hispano-mauritana o hispano-senegalesa), como las patrulleras de la Guardia Civil que operan en esos países.

Reflujo de la ola

Las fuentes consultadas aseguran que la idea ha quedado descartada, al menos mientras las autoridades locales no cambien de opinión. También se ha producido un notable reflujo de la ola de cayucos, sólo en parte atribuible al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, que permite trabajar a medio plazo.

"Las repatriaciones masivas están teniendo efecto, sobre todo porque las conocen los aspirantes a emprender el viaje, y la información que tenemos es mucho más precisa, lo que multiplica la eficacia del operativo para interceptar irregulares, incluso antes de que lleguen a embarcar", aseguran las citadas fuentes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajará hoy a Guinea-Conakry, Gambia y Senegal para plantearles la misma oferta: fondos de ayuda al desarrollo a cambio de colaboración en la lucha contra la inmigración irregular.

Coordinar, "sin perjuicio de la cadena de mando"

La doble naturaleza de la Guardia Civil (policial y militar) ha permitido al Gobierno dar un cariz castrense a la lucha contra la inmigración ilegal mientras mantenía a las Fuerzas Armadas al margen de la misma.

Igual que ha desplegado en Mauritania y Senegal patrulleras del instituto armado, en vez de buques de guerra, ha puesto a un general de la Guardia Civil al frente de la llamada "Autoridad de Coordinación" regional de Canarias, creada por el Consejo de Ministros del viernes, en vez de nombrar a un oficial general de las Fuerzas Armadas.

Su objetivo es evitar, como ha ocurrido en el pasado, que medios de distinta procedencia (Guardia Civil, Armada o Salvamento Marítimo) acudan a la búsqueda del mismo cayuco sin saberlo.

El problema es que el general Cándido Cardiel, dependiente del director general de la Policía y la Guardia Civil, tendrá que coordinar recursos civiles y militares, de distintos ministerios.

En el caso de las Fuerzas Armadas, los medios navales dependen de un almirante y los aéreos de un teniente general, mientras que Cardiel es sólo general de división.

Por eso, deberá ejercer su poder coordinador "sin perjuicio de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de octubre de 2006

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