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Arenas confiesa "hambre de gobierno" e inicia un programa reformista para 2008

El dirigente del PP rechaza las regularizaciones de inmigrantes

Javier Arenas tiene "hambre de gobierno". Así lo confesó ayer en la convención regional del PP en Málaga donde expuso "las medidas para el cambio", un esbozo del programa con el que confía alcanzar la presidencia de la Junta en 2008 que propone reformas en materia fiscal, administrativa, política, o educativa. En plena negociación sobre el Estatuto de Autonomía, anunció que propondrá una nueva reforma si es presidente. Prometió atención a los inmigrantes, pero advirtió: "Es imposible que haya papeles para todos".

Pese a que Arenas catalogó su proyecto como "el programa reformista más ambicioso que se haya imaginado en Andalucía", el ideario expuesto en Málaga es prácticamente idéntico al que abanderó la primera vez que fue candidato a la presidencia de la Junta en 1994 en unas elecciones autonómicas que se saldaron con la diferencia más corta de la historia entre populares y socialistas.

Su intervención en la convención popular fue lo más parecido a un ensayo de un discurso de investidura -al tomar la palabra dijo que imaginaba que el auditorio era el Parlamento-. Tanto que incluso anunció una reestructuración del gobierno autonómico en tres áreas (política, económica y social), la creación de las consejerías de Inmigración y Cooperación, de Aguas y de Familia; y adelantó que el diputado malagueño Antonio Garrido sería consejero de Cultura.

Arenas enumeró un decálogo de medidas de "calidad democrática" que incluye la no coincidencia de elecciones autonómicas y generales, la limitación de mandato a ocho años, un pacto antitransfuguismo ante notario, que los medios de comunicación públicos pasen a depender del Parlamento, un cambio de reglamento de la Cámara para aligerar los requisitos necesarios para constituir comisiones de investigación, la prohibición de que ningún cargo público pueda sentarse en un consejo de administración de una caja de ahorros, una carencia de 10 años para que ex directivos de las empresas públicas puedan contratar con éstas o que las bibliotecas públicas dispongan de todos los periódicos de máxima difusión "y no sólo el que le gusta al Gobierno" -esta fue la única referencia en materia cultural en un detallado discurso programático-.

Aseguró que la educación y la inmigración serían "las estrellas" de los presupuestos para su gobierno e incluso comprometió un plan a cuatro años por 1.600 millones de euros para la integración, aunque rechazó las regularizaciones.

Defendió la reforma del Estatuto de autonomía, independientemente de que el PP se sume al acuerdo del proceso actualmente en marcha porque dijo que "un Estatuto no puede ser un modelo ideológico de sociedad".

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Esbozó una reforma fiscal que elimine el impuesto de sucesiones y donaciones, una reducción del de transmisiones patrimoniales y del tramo autonómico del IRPF. Apostó por un pacto local que incluya la cesión a los ayuntamientos de parte de los ingresos autonómicos y propuso reelaborar los planes de ordenación del territorio y "cambiar los controles" que la Junta tiene del urbanismo.

Invitó a participar en la elaboración de su proyecto a "gente que ha sido de izquierda o que lo sigue siendo y que ve que por higiene democrática urge un cambio del gobierno", y resolvió: "Tengo hambre de gobierno y estoy convencido de que si los andaluces nos dan una oportunidad haremos de Andalucía la tierra más próspera de España y de Europa".

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