El Congreso corrige la mitad del Estatuto

"Estamos dispuestos a poner viva España cada tres renglones, pero en el Estatuto figurará realidad nacional de Andalucía". Esta frase de un ponente socialista andaluz define lo que ha sido -a falta de una reunión para su fin en la que se abordará la definición de la comunidad-, el trabajo de la ponencia mixta sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Cada dos por tres se introduce el latiguillo de tal o cual artículo de la Constitución (se han añadido en una treintena de ocasiones), sin contar las veces que figura "en el marco constitucional", "sin prejuicio de la legislación estatal" o de los "deberes constitucionalmente establecidos", cuando no párrafos enteros de la Constitución.

Son este tipo de enmiendas presentadas por los socialistas las que están facilitando que el PP se acerque a un modelo estatutario que no es el suyo y además sin romper el acuerdo con Izquierda Unida, la formación que ha hecho posible que haya una propuesta de reforma en las Cortes. A IU tanta cita constitucional le parece que crea un clima de sospecha sobre Andalucía. "Es como llevar el cartel de No soy delincuente", afirma su portavoz, Concha Caballero.

Los cambios añaden, suprimen o modifican los artículos sin que hasta ahora, a juicio de PSOE e IU, hayan atrofiado ninguno de los nervios sensibles del texto aprobado por el Parlamento andaluz. En los cinco días de ponencia, según los datos elaborados por este periódico, se han modificado 101 de los 213 artículos debatidos, la mayoría de ellos a los títulos de Derechos Sociales (15), Competencias (38) y Economía, Empleo y Hacienda (24). Estos apartados son los asuntos troncales del nuevo texto y donde se ha producido una significativa aproximación entre PSOE, PP e IU. No obstante, los conservadores no han retirado sus enmiendas, que las dejan para su debate en comisión, y siguen considerando que "los avances son positivos, pero insuficientes".

La diferencia que separa al PP del Estatuto se centra en una decena de artículos (ver texto adjunto), sobre la que sustenta su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, no será porque haya un viva España de más o una cita de menos de la Constitución por lo que el PP dará su apoyo. Depende de que la dirección nacional del PP quiera o no que Andalucía forme parte de su discurso del desmembramiento territorial con el que sostiene su oposición al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Y el sí al Estatuto andaluz, similar al catalán en competencias, derechos sociales, justicia y relaciones institucionales, trunca la teoría de la derecha de que España se rompe.

En este contexto, existe una fuerte tensión interna entre el núcleo duro de la dirección nacional del PP y la dirección regional que lidera Javier Arenas, que no se resolverá hasta el último momento. La constitucionalización del Estatuto a través de las enmiendas del PSOE ha abierto las puertas al PP para sumarse a un texto que no le gusta y al que ha hecho escasísimas aportaciones. Y aunque el PP es contrario a las reformas estatutarias, no ha podido impedirlas ni siquiera en las comunidades que gobierna. En el caso de Andalucía, tampoco ha sido necesario para su remisión al Congreso.

Los asuntos espinosos del Estatuto andaluz se están dejando para que los vean Manuel Chaves y Arenas, después del día 10, fecha en la que termina la ponencia, y antes de que empiece la comisión, el día 19. Lo previsible es que la solución, si la encuentran, la anunciarán ellos. Hasta entonces y a la espera de algún zurriagazo en las ondas, no se sabrá si el PP seguirá considerando la reforma andaluza "innecesaria", "inconstitucional", "un apaño sectario", un "bodrio" y una "coartada de los nacionalistas", como han mantenido antes y durante su tramitación en Andalucía, o una joya legal y un texto de los más avanzados.

Los socialistas no zambucan artículos de la Constitución en el Estatuto. Es más, están encantados, con un 149 de la Constitución por aquí y allí, un 31 por allá, un articulo 2 más adelante y un 157.3 al final. "A ninguno de los ponentes socialistas nos pesa mencionar la Constitución ni la legislación del Estado, porque protege el Estatuto de cualquier interpretación", explicó días atrás el secretario federal de Política Autonómica, Alfonso Perales.

Sí les pesó, sin embargo, cuando debatieron el Estatuto catalán, pero entonces negociaban con PSC, CiU, ERC e Iniciativa y no con el Partido Popular. Con este texto, el PSOE se siente más identificado y cómodo y además cree que si el PP lo suscribe le habrán dado al Tribunal Constitucional argumentos cuando dicte sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Ahora son, entre otros, el socialista Ramón Jáuregui y la popular Soraya Sáenz de Santamaría los que se sientan frente a frente y buscan encajes de unas enmiendas con otras a un articulado que manejan al dedillo. Y además sin expulsar ni molestar a Izquierda Unida, a cuya portavoz, Concha Caballero, le han colocado el título de ser la más dura negociando.

En las negociaciones bilaterales con los socialistas -que se celebran antes de que las enmiendas se voten en la ponencia-, Caballero suele dejar descolocado a Jáuregui, cuando la dirigente de IU afirma que presentará voto particular y mantendrá las enmiendas banderas de la federación, como las que defienden el desmantelamiento de las bases militares. Los ponentes socialistas andaluces sonríen ante la incomprensión del diputado vasco que no entiende cómo los coautores del Estatuto presentan votos particulares. "¿Esto qué, otra banderita?", suele decir.

En este panorama el PA no tiene protagonismo alguno. Sus enmiendas ni siquiera son defendidas por el PNV, que las registró, ni ningún otro partido nacionalista, entre otros motivos, porque no acuden a las reuniones de la ponencia que preside Alfonso Guerra, cuyas ironías en las reuniones son acogidas con regocijo, sobre todo, por quienes no las reciben.secretario general, Julián Álvarez, hizo a la vuelta de las vacaciones, en la que proclamó que llamar a Andalucía nación ya no era un requisito imprescindible para el acuerdo. "Había que intentar dar el sí y apuntarse al triunfo en el referéndum, lo menos malo si lo comparamos con permanecer junto al PP en la oposición al texto. Entonces lo tendríamos verdaderamente mal", señala otro dirigente.

De momento, no ha hecho falta, y la posibilidad se ha quedado en el aire. "Ha sido un alivio que el PP esté a punto de pactar el Estatuto, nos ha dejado solos en la defensa de Andalucía y nos da margen para seguir con coherencia nuestro discurso", dice un miembro de la dirección. Éste, sin embargo, desconfía de los populares: "Conociendo la trayectoria de Javier Arenas [presidente del PP andaluz], no es descartable que en el último momento se descuelgue con que vota que no al Estatuto, entonces nosotros tenemos una puerta a la que acudir para buscar el acuerdo".

A tenor de lo que cuentan los andalucistas, las negociaciones que han mantenido con todos los partidos sobre el Estatuto están marcadas por la desconfianza. "El PSOE quería hacer con nosotros lo que ha hecho con IU: cerrar un texto con tintes autonomistas para rebajarlo después con tal de incorporar al PP. Estaríamos entonces como está ahora IU, prisionera de su compromiso y sin espacio para dar marcha atrás", aseguran.

La dirección andalucista ha visto también el cambio de posición del PP respecto al Estatuto como un respiro frente la presión de su militancia, que desde un principio se inclinó a no pactar nada con los socialistas. El incidente de la filtración de los documentos y la ruptura por parte del PSOE del acuerdo de gobierno en la Diputación de Cádiz, como consecuencia de este rifirrafe, extremaron aún más las posturas.

Hasta ahora ha sido precisamente la dirección del PA la que ha defendido con más calor un acuerdo en el Estatuto (quizás más consciente de la factura que se puede cobrar el aislamiento político), en contraposición con la el grueso de la ejecutiva nacional y Consejo Andalucista, el máximo órgano entre congresos.

En los últimos días el no en el referéndum del Estatuto ha recibido el respaldo de estas instancias, donde ha funcionado muy bien el arriesgado mensaje de "mejor perder votos que perder la credibilidad".