Las residencias de ancianos de Vizcaya se abren a sus parejas y familiares discapacitados

La Diputación de Vizcaya aprobará la próxima semana una nueva norma que permitirá que los mayores acogidos en residencias públicas puedan estar en ellas con sus cónyuges o parejas u otros familiares de más de 50 años con alguna discapacidad. La normativa incluye otra novedad: universalizar el servicio y acabar con la exclusión actual de las personas con rentas altas. El departamento foral de Acción Social pretende poner en marcha desde el 1 de enero unidades sociosanitarias en las residencias para los que tengan demencia o se recuperen de una enfermedad.

La norma que se modifica había sido aprobada en diciembre pasado, cuando se fijó un precio público por las plazas residenciales y la figura del reconocimiento de deuda (el pago del precio que el ingresado en una residencia pública no cubre con sus recursos se garantiza con sus propiedades, una vez que fallezca). Además, se pusieron más límites para acceder a los centros: aunque el capital en dinero para la exclusión se elevó de 24.000 a 40.000 euros, se incluyó el patrimonio inmobiliario, en el caso de que ascendiera a 120.000 euros sin tener en cuenta la vivienda habitual.

El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, quien presentó ayer las modificaciones ante las Juntas Generales, señaló que éstas se han producido tras la reflexión interna y las propuestas realizadas por el Consejo de Mayores y el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y asistentes sociales. Agregó que esta entidad presentó una propuesta "sobre el perfil de las personas usuarias, reagrupamiento familiar, elección del centro, el cómputo de la deuda, valoración de vivienda y ayudas a ingresos temporales". El Consejo de Mayores coincidió con las ideas sobre reagrupamiento familiar, tramitación y precio público.

Reagrupamiento

Aburto informó que desde junio se aplican cambios técnicos en el reconocimiento de la deuda y la bonificación en los precios de las residencias, al asumir la Diputación la subida del precio público desde 58,80 euros al día hasta los 61,31.

El Consejo de Gobierno del próximo miércoles aprobará las nuevas modificaciones, referidas al reagrupamiento familiar. A partir de ahora se posibilita que los cónyuges o parejas de hecho no dependientes puedan ingresar en las residencias junto al mayor dependiente. Este derecho se extiende a otros familiares directos que superen los 50 años y presenten una discapacidad. De este modo, podrán vivir con sus padres los hijos que se encuentren en esas circunstancias, dijo Aburto. En el caso de descendientes menores de 50 años, la atención será a cargo de los "servicios de personas con discapacidad".

La novedad más importante, según destacó el diputado vizcaíno de Acción Social, será la universalización de la atención en las residencias. Ya no habrá límites en las rentas altas. Nadie quedará excluido de ingresar en ellas por superar un nivel de rentas o patrimonio determinados. "Todas las personas van a tener derecho a acceder, con independencia de su situación económica", aseveró, tras afirmar que esta universalización era un deseo anterior de la Diputación.

Sobre el reconocimiento de deuda también habrá modificaciones. Aburto dijo que, una vez aprobado el nuevo decreto, se aplicará sólo para los bienes privativos del usuario y la parte que le corresponda en "la sociedad de gananciales". "Es un cambio sencillo, que evitará la necesidad de realizar trámites de separación de bienes en la pareja. La redacción actual genera dudas sobre este extremo", apuntó.

El último cambio importante afectará a la renta básica, que impedía al cónyuge de la persona residente acceder a otras ayudas diferentes. A partir de ahora, el mayor ingresado pagará en función de su renta (alrededor de la mitad de su pensión). "El que quede en casa con una media pensión inferior a la renta básica podrá solicitar la ayuda económica que le permita alcanzar ese umbral de la renta básica".

Aburto anunció también que desde el 1 de enero se pretende implantar unidades sociosanitarias en las residencias para mejorar la atención a personas con demencia o en situación de convalecencia.