Aguirre borra 6.000 casas del plan de Brunete

La Comunidad ha recortado el Plan General de Urbanismo de Brunete en 6.000 pisos. El municipio, gobernado por el PP, pretendía construir 19.656 viviendas y aumentar la población de 9.000 habitantes a más de 70.000. La decisión ha cogido por sorpresa al alcalde, Félix Gavilanes, y a los promotores inmobiliarios, que esperaban la aprobación inmediata del nuevo ordenamiento, que contaba desde junio con el informe favorable de la Comisión de Urbanismo. Pero aún faltaba la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Comunidad. Uno de los sectores del plan (muy contestado por la oposición y grupos vecinales) fue diseñado por Plarquin, la empresa de Enrique Porto, el director de Urbanismo, que dimitió el martes por un pelotazo de 4,3 millones.

Los propietarios de los nuevos sectores ya han adelantado 63 millones, según la oposición

Dos comunidades de propietarios denunciaron el plan ante el Tribunal Superior de Justicia

El recorte a las pretensiones urbanísticas del municipio ha caído como un jarro de agua fría sobre el equipo de gobierno de Brunete. "Yo no entiendo nada. ¿Qué más quiere la Comunidad?", se preguntaba ayer el alcalde. "Es un plan consensuado con consejeros, directores generales y técnicos. Urbanismo le dio el visto bueno", explica el regidor. Gavilanes acata la imposición y ya se ha reunido con los promotores inmobiliarios para decidir de dónde se pueden quitar las 6.000 viviendas que el Ejecutivo de Aguirre quiere eliminar. "Lo haremos de una forma proporcional", comenta.

Los propietarios de los ocho sectores en los que se concentra el crecimiento del municipio ya han firmado convenios con el Ayuntamiento y han adelantado unos 63 millones, según la oposición.

Gavilanes rechaza que el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, esté implicado en el desarrollo del plan de Brunete, y que eso haya influido en la decisión del Gobierno regional de bajar la vivienda en su pueblo. "La localidad va a crecer en ocho sectores. Cada uno de ellos ha encargado los estudios pormenorizados a las empresas o personas que han decidido. No sé qué tiene que ver la totalidad de un plan general, con que los propietarios de uno de los sectores decidieran contratar a la empresa de Porto, antes de que éste fuera director de Urbanismo", dice.

El portavoz socialista de Urbanismo en la Asamblea, Modesto Nolla, había pedido el lunes pasado (el día antes de difundirse la dimisión de Porto) a la presidenta que devolviera el Plan General de Brunete. La revisión del plan fue aprobada en la Comisión de Urbanismo hace tres meses. En la sesión participó Porto, que defendió la legalidad del plan. Nolla recordó que aún no había sido aprobado por el Gobierno regional. "Ni siquiera Esperanza Aguirre es capaz de aprobar un plan tan plagado de irregularidades como éste", dijo Nolla. "La presidenta es consciente de que Porto está manchando el urbanismo de la Comunidad y de Brunete".

Dicho plan, según Nolla, es claramente especulativo: "Apuesta por un crecimiento brutal, insostenible, a las puertas del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama". A juicio de los socialistas, la Comisión de Urbanismo no debería haber aprobado este proyecto: "¿Qué ha pasado tras años de atasco? Pues casualmente que en 2004 a una empresa en la que participó Porto se le encarga la redacción del sector 2, unas 3.000 viviendas, y todo lo que eran problemas se vuelven ahora facilidades".

Brunete lleva desde diciembre de 2000 intentando sacar adelante su nuevo ordenamiento. La Comunidad tumbó la propuesta en dos ocasiones. El municipio aceptó las imposiciones de la administración regional: aumentó la protección del Parque Regional del Guadarrama y redujo el suelo que pensaba dejar para futuros crecimientos, que pasó del 63% del término municipal al 25%. Sin embargo, las viviendas previstas pasaron de 13.000 a 19.656 (42% de ellas con algún tipo de protección).

La aprobación definitiva (tras el dictamen de la Comisión de Urbanismo) era "un mero trámite" para el alcalde. La Comunidad le ha comunicado verbalmente que si no reduce el número de viviendas, no aprobará el plan general. Desde el Ayuntamiento aseguran que una bajada en las viviendas no modifica otros aspectos del plan. "El cambio será rápido. Lo que no vamos a hacer es condenar a Brunete a permanecer como está. Todos los pueblos de alrededor crecen y nosotros nos hemos quedado en una isla", comenta el edil. Brunete, situado al suroeste de Madrid, se rige por unas normas de hace 25 años. Los planes del PP en Brunete han chocado con la protesta de grupos vecinales y la oposición (PSOE, IU y una concejal no adscrita). Ecologistas en Acción ha tachado el plan de "barbaridad que no tiene en cuenta el impacto de toda esa población en el Parque Regional del Guadarrama". El grupo verde recuerda que se ponen en peligro los corredores ecológicos que comunican el parque regional y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Alberche y Cofio.

Unas supuestas irregularidades en el plan han llegado a los tribunales. Los socialistas interpusieron una denuncia contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación al firmar convenios urbanísticos con técnicos contratados por él para la redacción del plan general. Éstos, según el fiscal de Medio Ambiente, mantenían "importantes intereses urbanísticos privados" en el municipio. Una vez que los técnicos eran designados, se procedía a la firma de los convenios sobre los terrenos que se iban a recalificar, con la circunstancia de que éstos nunca eran firmados con los propietarios "sino con algunos agentes especuladores". El juzgado abrió diligencias previas, que todavía continúan, según el portavoz del PSOE de Brunete, Fernando Corvo. Además, en junio dos comunidades de propietarios, una organización vecinal, IU y una concejal no adscrita denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia el plan general.

Fuentes de la Comunidad no aclararon ayer a este periódico el motivo de la orden de reducción de las viviendas en Brunete.