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COLUMNA

La prueba de fuego

El nuevo Estatuto de autonomía para Cataluña tendrá que superar su paso por el Tribunal Constitucional tras los múltiples y variados recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra él. Pero no creo que ese vaya a ser el momento decisivo en su trayectoria futura. He leído detenidamente el recurso interpuesto por los parlamentarios del PP, que es el recurso de verdad, en la medida que cuenta no sólo con la legitimidad formal con que cuentan los interpuestos por el Defensor del Pueblo y los Ejecutivos de dos comunidades autónomas, sino además con la legitimidad sustancial que proporciona el porcentaje del cuerpo electoral que está detrás de quien lo interpone. El recurso del PP es el recurso de un agente político esencial en el sistema político español, incluidos los diecisiete subsistemas políticos autonómicos. En ese recurso es donde está el núcleo del debate constitucional al que se tiene que dar respuesta y, en mi opinión, no es previsible que el Tribunal Constitucional vaya a hacer suya la interpretación que del nuevo Estatuto propone el PP.

La prueba de fuego del nuevo Estatuto catalán va a ser la gestión que hagan del mismo el Parlamento y el Gobierno que resulten de las elecciones del próximo 1 de noviembre. Porque el problema fundamental que plantea el nuevo Estatuto no es el de su compatibilidad o incompatibilidad formal con el texto constitucional, sino el de su compatibilidad material con el Estado autonómico realmente existente. El texto puede no ser declarado anticonstitucional, bien porque rotundamente se considere que no lo es o porque quepa una interpretación del mismo conforme a la Constitución, pero puede dificultar o incluso hacer imposible el funcionamiento del Estado.

Esto es lo que viene pronosticando el PP que va a ocurrir desde que se inició el proceso de reforma. El PP no ha interpuesto el recurso por razones académicas, para preservar en abstracto la primacía de la Constitución, sino que lo ha interpuesto por razones políticas, porque considera que su entrada en vigor va ser un desastre para nuestra constitución territorial. El PP considera que con la reforma del Estatuto catalán el derecho a la autonomía se ha ejercido de una manera que afecta tanto al principio de unidad política del Estado como al equilibrio entre todas las nacionalidades y regiones que lo integran. Por eso es por lo que han estado desde el principio y continúan estando en contra del mismo de manera irreductible.

A esta opinión del PP no puede dar respuesta el Tribunal Constitucional. Únicamente los poderes políticos que van a tener que aplicar el nuevo Estatuto pueden hacerlo. Será en la conducta del Parlamento y del Gobierno de Cataluña en la que los ciudadanos de la comunidad en primer lugar, y los de todas las demás en segundo, podremos comprobar si el nuevo Estatuto supone una quiebra o no de la estructura del Estado que se ha venido construyendo desde la entrada en vigor de la Constitución. Veremos si la conflictividad entre el Estado y la comunidad autónoma aumenta o disminuye, si se produce o no una ruptura de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, si los servicios públicos se prestan con mayor o menor eficiencia... Esta es la prueba de fuego del nuevo Estatuto. Por muy constitucional que el Tribunal Constitucional lo declare, si el Estatuto empeora al mismo tiempo la situación de los ciudadanos de Cataluña y el funcionamiento del Estado, el resultado de la reforma habrá sido un desastre. Y a la inversa.

Esto es lo que proporciona una importancia excepcional a estas primeras elecciones autonómicas catalanas. En esta primera legislatura vamos a comprobar si era razonable o no el pronóstico del PP. No es el Constitucional con su sentencia, sino el Parlamento y el Gobierno de Cataluña con su conducta los que tendrán que confirmarlo o desmentirlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de octubre de 2006