Guipúzcoa se ampara en la UE para cobrar peaje en su red principal de carreteras

La Diputación de Guipúzcoa apuesta por implantar en la provincia un modelo de gestión de las carreteras que incluya el cobro de un peaje o canon a "los millones" de vehículos pesados y ligeros extranjeros que usan la red viaria principal. La medida supondría pagar una tasa por circular en Guipúzcoa por la N-I, la A-15 (la autovía San Sebastián-Pamplona) y la N-121-A (la carretera Irún-Pamplona por Endarlatsa), los tres ejes de conexión transeuropea por carretera.

El diputado para las Infraestructuras Viarias, Javier Zuriarrain, explicó ayer en las Juntas Generales que la Diputación se verá "forzada" a cobrar por circular por sus carreteras, dado que así lo exige una directiva aprobada en mayo pasado por el Parlamento europeo. Los estados de la UE deberán adaptar antes del 10 de junio de 2008 su legislación a la citada normativa comunitaria, que establece "una tarificación más equitativa por la utilización de las infraestructuras de carreteras". La directiva recoge que en 2012 deberán aplicarse los "peajes o tasas" a todos los camiones.

Tres millones de camiones

Zuriarrain manifestó que la nueva reglamentación europea obliga a modificar el modelo de gestión actual de las carreteras y exige extender el cobro de una tarifa a toda la red principal guipuzcoana. En la actualidad, la Diputación tiene instaladas estaciones de peaje en las autopistas A-8 (Bilbao-Behobia) y A-1 (Eibar-Vitoria) para todos los conductores, aunque los usuarios guipuzcoanos habituales pueden acogerse a importantes descuentos en función de su número de viajes mensuales.

El diputado recordó que "más de tres millones de camiones de transporte internacional" atraviesan al año la provincia y que el crecimiento del tráfico transeuropeo continuará en los próximos años, lo que obliga a establecer "nuevos instrumentos para evitar la saturación y ordenar la red viaria".

La UE se ha guiado por el principio "quien usa y contamina, paga" para cargar sobre los usuarios, además de los costes propios de las infraestructuras, los generados por los accidentes, la contaminación, el ruido y la congestión. Este principio debe aplicarse a todos los modos de transporte y a todos los usuarios, tanto privados como comerciales, según propone la UE.

Bajo estas premisas, Zuriarrain planteó a todos los partidos representados en las Juntas abrir un proceso de reflexión para elaborar un modelo "propio y singular" para la provincia que permita una gestión "sostenible y territorialmente equilibrada" de las carreteras. También les hizo entrega del estudio de tarificación que encargó a finales de 2004, compuesto por cinco tomos y que contiene, entre otros, un análisis de diferentes sistemas de peaje vigentes en Europa y un estudio de tráfico.