Afectados por amianto renuncian a recurrir la sentencia por su coste

"No podemos soportar el coste económico que supone recurrir el fallo". Este es el motivo que empuja a la Asociación de Afectados por Amianto que trabajaron en la extinta factoría de Fibrocementos de Levante, en Sant Vicent del Raspeig -ocho operarios murieron y 29 enfermaron- a declinar el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Alicante que absolvió a los dos directivos y dos médicos del grupo Uralita. El colectivo pide la mediación del Gobierno.

Desde finales de los noventa, más de medio centenar de trabajadores de la desaparecida fábrica de Fibrocementos de Levante fueron diagnosticados con el síndrome laboral de asbestosis. De estos una decena ya falleció y otros tantos sufren la enfermedad en un estadio muy avanzado. Ocho años después de presentar una denuncia por la vía penal y tras librar una espinosa batalla judicial, el colectivo de afectados ha visto cómo se desvanecía su reivindicación: castigar a quienes, por acción u omisión, posibilitaron el síndrome laboral. El pasado septiembre, el juez absolvió a los cuatro imputados del caso [dos directivos y dos médicos] al considerar probado que los operarios contrajeron la enfermedad con anterioridad al reglamento del amianto.

Ayer, Francisco Martínez, operario afectado que impulsó la plataforma de Afectados por Amianto y enarboló el proceso judicial, expresó su "disconformidad" con la sentencia y consideró que su contenido "vulnera la Ley del Amianto", de 1984. Martínez se ampara en este punto de la ley que establece, según él, que los operarios que enfermaron a partir de ese año debieron ser retirados del trabajo para acudir a un centro especializado en neumología. Sin embargo, según el portavoz del colectivo, "la sentencia lo deja a criterio del médico de la empresa".

"Me siento engañado", manifestó ayer, visiblemente indignado, Francisco Martínez. Seguidamente, anunció que el colectivo ha declinado presentar un recurso contra el fallo. "Si perdemos nos tocará pagar a todos los costes y sería mucho dinero", arguyó Martínez. El fiscal del caso ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. En cualquier caso, Martínez dejó claro que este varapalo no mermará su reivindicación de justicia. Para ello, la asociación Afectados por Amianto cursará un escrito a la Comisión Nacional de Amianto, a los ministerios de Sanidad y de Trabajo y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para informarles del contenido de la sentencia. El colectivo exigirá la adopción de medidas relativas al amianto. En caso de no obtener respuesta antes del día 7 de diciembre, el colectivo, por voz de Francisco Martínez, prevé la convocatoria de actos de protesta en Madrid.

Tras su clausura en 2003, la dirección del grupo Uralita anunció el desmantelamiento de la fábrica de Sant Vicent del Raspeig, donde llegaron a trabajar hasta 300 operarios.