La verdadera prueba del ácido bórico

Si los árboles no dejan ver el bosque, los procedimientos puestos en marcha por los tribunales también tapan a veces el trasfondo político de los litigios. Así, José Luis Requero, consejero del Poder Judicial, ha pedido que Baltasar Garzón sea sometido a expediente disciplinario de ese mismo órgano como instructor de los eventuales delitos cometidos en la preparación del informe pericial emitido el 22 de marzo de 2005 por la Comisaría General de Policía Científica sobre el ácido bórico descubierto en el domicilio de Hassan El Haski, imputado por los atentados terroristas de Casablanca y Atocha. Esa denuncia sólo pretende difuminar los objetivos perseguidos por la filtración del documento de los expertos: la supuesta demostración de la conexión entre ETA y el atentado de los trenes de la muerte. Los autores del sumario paralelo del 11-M, que intentan provocar la nulidad de las actuaciones y retrasar así el comienzo del juicio oral, querían conectar su engendro con el sumario penal mediante una tenue hilaza: el arma, sin embargo, se les disparó por la culata tras el auto dictado el pasado viernes por Garzón.

La pasarela para el abordaje pirata del sumario era una gratuita conjetura del perito Manuel Escribano -aceptada por sus dos colegas- incluida en el documento interno del análisis de la sustancia intervenida a Hassan El Haski en diciembre de 2004; la elucubración recordaba la requisa -también de ácido bórico- realizada cuatro años antes en un piso franco de ETA en Salamanca para sacar la conclusión de que la banda terrorista podía estar relacionada con los autores del 11-M. La Comisaría General de Policía Científica rechazó esa peregrina hipótesis: no sólo el ácido bórico es de venta libre y tiene normalmente usos higiénicos sino que además se desconoce su empleo en actos terroristas. El documento interno de Manuel Escribano -señala el auto de Garzón- nunca tuvo carácter oficial y jamás fue autentificado; el jefe de la Sección de la Unidad de Análisis asumió la responsabilidad de firmar el informe oficial de 22 de marzo de 2005 una vez descartada esa disparatada conexión.

Este conflicto menor de orden burocrático ha sido transformado en una maniobra política: el 11 de julio de 2006, Manuel Escribano decidió rescatar de su archivo informático el documento interno desechado por sus jefes y hacerlo circular -con la rúbrica de los tres peritos- como si fuese el verdadero informe oficial de la Comisaría General de Policía Científica de marzo de 2005, supuestamente falseado por el Ministerio del Interior en el momento de enviárselo al juez. Las recientes declaraciones radiofónicas del hoy eurodiputado Agustín Díaz de Mera -director de la Policía durante el mandato de Aznar- acerca de la existencia de un "informe real y cierto" elaborado por "un autor y una autora" sobre las conexiones de ETA con el atentado del 11-M y ocultado por el Gobierno mostraron que la botella con el mensaje intoxicador había llegado a las playas del PP. El Mundo publicó la documentación manipulada el pasado 21 de septiembre, aunque sin mencionar la fecha de la copia y las firmas.

La complejidad del proceso penal ha creado incertidumbres acerca de la competencia sobre la instrucción del caso. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a quien el juez Del Olmo pasó en su día la documentación enviada por El Mundo, remitió el asunto a los juzgados de Madrid. Pero el juez Garzón había intervenido previamente de oficio -como instructor del sumario de Hassan El Haski- y citado como testigos a las personas relacionadas con el informe: los tres peritos han sido imputados por un presunto delito de falsedad en documento oficial. Más allá de las cuestiones procesales, el episodio del ácido bórico prueba realmente que los defensores de la participación de ETA en el 11-M han pasado de las conjeturas fantásticas a la manipulación de los hechos indiciarios, no sólo para encajarlos dentro de su teoría conspirativa sino también para incorporarlos al sumario.