Salvem Tabacalera solicita medidas cautelares para evitar el derribo

La plataforma ciudadana Salvem Tabacalera presentó ayer un escrito de interposición donde solicita medidas cautelares para impedir el derribo de parte del complejo industrial de Tabacalera y un recurso a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat contra la modificación del plan general que da luz verde a esta destrucción parcial. Dicho recurso deberá dar paso a la formalización de la demanda.

La entidad pretende evitar así que parte de esta fábrica sea demolida antes de que los tribunales decidan sobre la legalidad de la operación urbanística que incluye la amputación de este conjunto arquitectónico. Esta operación urbanística, comprendida en el convenio que se aprobó en mayo de 2005, consistía en la compra por parte del Gobierno municipal de Tabacalera, entonces en manos privadas. A cambio el consistorio permitía que se tiraran abajo las naves laterales y traseras del conjunto fabril y cedía el edificio municipal ubicado en la plaza América para la construcción de viviendas. La iniciativa legal de Salvem Tabacalera llega después de que el Ayuntamiento de Valencia diera cuenta de la resolución de la Consejería de Vivienda y Territorio que autorizó la citada operación urbanística el pasado viernes. Tras este trámite, el paso siguiente era la presentación del proyecto de demolición.

La plataforma ciudadana incluye en el escrito de interposición diversos informes que dan cuenta del gran valor arquitectónico e histórico de las instalaciones de la antigua fábrica en su conjunto. En ellos se encuentra la firma de Daniel Benito Goerlich, experto en patrimonio histórico, del arquitecto Rafael Rivera Herráez, del ingeniero de caminos Joan Olmos Llorens y de la historiadora de urbanismo Trinidad Simó, todos profesores de la Universidad de Valencia.

En el documento también se hace hincapié en el cambio de actitud de las dos administraciones (Ayuntamiento de Valencia y Generalitat) que, en su momento, defendieron la protección del complejo industrial y después impulsaron y autorizaron el citado convenio de 2005. Buen ejemplo de ello sería el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento de Valencia se comprometió en 2001 a proteger el edificio y no darle un uso residencial. La Generalitat, por su parte, impulsó la inclusión del mismo en la Lista de Patrimonio Nacional Industrial. Salvem Tabacalera sostiene que no hay motivación alguna que explique este cambio de actitud que va en perjuicio de las arcas municipales y solo beneficia a la empresa privada.