Presupuestos e inflación
Hoy toca hablar de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 (PGE-07). Pero quisiera antes comentar un dato de suma importancia que nos ofreció el INE el pasado jueves, el avance de la inflación de septiembre. La tasa interanual del IPC armonizado con los criterios de Eurostat, que no suele diferir de la versión nacional en más de una décima porcentual, disminuyó ocho décimas, hasta el 3%. En dos meses la inflación se ha recortado un punto, superando las positivas previsiones que habíamos hecho los analistas. Aunque el INE no ofrece ninguna desagregación por componentes, cabe pensar que este fuerte descenso obedece a la caída de los precios del petróleo. Tras este dato, y si la cotización de esta materia prima se consolida en sus niveles actuales del orden de 60 dólares (los especialistas dicen que sí), las perspectivas de inflación al terminar el año y para el próximo mejoran notablemente, lo que sin duda tendría notables repercusiones en variables tan importantes para los PGE y para la economía en su conjunto como los pagos por cláusulas de salvaguardia de pensiones y salarios y sobre las negociaciones salariales del próximo año.
La política fiscal podría haber contribuido algo más a paliar el problema de la inflación
El dato anterior contiene una fina ironía sobre uno de los temas más debatidos en torno a los PGE: si éstos servirán para atajar uno de los principales problemas de la economía española, la inflación. Mira por dónde, ya antes de entrar en vigor, estos Presupuestos parecen haber dado una buena tajada a la misma. Pero no nos engañemos, la bajada de la inflación, que obedece a la cotización del petróleo, es pareja en el resto de países, por lo que el diferencial, que es lo importante, se mantiene casi en los mismos términos. Estos PGE, al igual que sus antecesores desde al menos 1999, no hacen mucho por la inflación. Ciertamente, el medicamento eficaz contra ella es la política monetaria, y ésta ya no está en manos de las autoridades españolas. Pero, la política fiscal podría haber contribuido algo más a paliar el problema, orientándola en un sentido más restrictivo, es decir, generando más superávit en las cuentas públicas que contrarrestara en lo posible el déficit de las privadas.
El Gobierno, según se deduce al leer el texto de presentación de los PGE-07, parece estar muy concienciado del problema inflacionista, y no se cansa de repetir que uno de los principales objetivos de los mismos es contribuir a la estabilidad de los precios. Sin embargo, propone reducir el superávit del conjunto de las administraciones públicas respecto al de los últimos años, lo cual no es una medida contractiva y antiinflacionista, sino expansiva: en 2005 dicho superávit fue del 1,1% del PIB (gráfico derecho); en 2006 no se sabe (el Gobierno omite este dato, importantísimo para valorar la política fiscal que propone), pero las previsiones apuntan a una cifra superior a la de 2005; y para 2007 los PGE-07 contemplan un 0,7%.
Bien es verdad que la política fiscal no sólo puede contribuir a reducir la inflación actuando a corto plazo sobre la demanda agregada. La reorientación de los ingresos y gastos públicos, de forma que contribuyan a aumentar la dotación de capital humano, tecnológico y físico de la economía, es decir, a aumentar el potencial de crecimiento, es importante para atajar a medio y largo plazo las tensiones inflacionistas y sobre todo para aumentar la productividad y mejorar la posición competitiva en este mundo globalizado. En esto, los PGE de los dos últimos años están muy bien orientados.
Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
