La oposición exige la dimisión de Alperi y dos concejales imputados por Mercalicante

El debate fue rápido y no aportó novedades. Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV y EU, exigieron ayer la dimisión del alcalde, Luis Díaz Alperi, y de dos concejales del PP imputados por el desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. La petición se produjo en el marco del pleno extraordinario, celebrado por por orden del juez, sobre la comisión muncipal que investigó los hechos. Alperi rechazó responsabilidad alguna en el desfalco y acusó al fiscal general del Estado de "actuar a las órdenes del Gobierno" por investigar el caso.

Díaz Alperi, recién designado candidato a la alcaldía, acumula dos imputaciones

El objetivo del pleno extraordinario era debatir las conclusiones de la comisión de investigación sobre la administración y gestión de la empresa Mercalicante, cuyos trabajos se desarrollaron en el otoño de 2002. Díaz Alperi, que inicialmente declinó celebrar el pleno, se ha visto obligado a convocar la sesión a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que aceptó un recurso del PSPV en ese sentido.

Sin embargo, el debate, que el alcalde limitó a un primer turno de intervenciones de 11 minutos y una réplica de cuatro, se convirtió en un diálogo de sordos. Los populares insistieron en que la justicia "está ya investigando y que el ex gerente, José Emilio Clavero, es el único responsable" del agujero contable. Según Alperi, en el momento en el que detectó "que algo olía mal" ordenó investigar. "Fuimos nosotros los que con recortes de prensa acudimos al fiscal", señaló. El alcalde del PP concluyó el debate arremetiendo contra los socialistas por la supuesta utilización partidista de los órganos judiciales. Alperi acusó al PSOE de "utilizar la justicia en beneficio propio" y tildó de "vergüenza antidemocrática" la acción del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, al que acusó de "estar a las órdenes del Gobierno socialista", ya que ha sido el fiscal Anticorrupción el que ha imputado al primer edil del PP por este caso. El concejal popular Juan Zaragoza, también imputado, en todo momento defendió que Clavero es "el único responsable" y que se apropió del dinero "sin pedir permiso, ni consentimiento a ningún órgano directivo".

Los portavoces del PSPV y de EU, por su lado, exigieron responsabilidades políticas y la dimisión del alcalde y de los ediles imputados, al entender que tenían noticias de la gestión del gerente y no pusieron los medios para evitar el desfalco. En primer término, Manuel de Barros, del PSPV, acusó al PP de "hurtar" el debate por no querer convocar el pleno. De Barros consideró "vergonzoso" que el alcalde desconozca "¿dónde está el dinero y cómo se produjo el desfalco?". De Barros acusó al PP de saber qué estaba ocurriendo y no querer investigar.

Susana Sánchez, concejal de Esquerra Unida, criticó que "lo que debe ser una excepción se convierta en norma" en referencia a la convocatoria del pleno que fue por orden judicial "con lo que se queda como un mero trámite de obligado cumplimiento". EU insiste en que el gerente "no pudo crear el quebranto" por si mismo, y que los miembros de la Comisión Ejecutiva tenían datos al respecto.

El despido de Emilio Clavero se produjo a finales de julio de 2002, después de que un informe de auditoría revelara un agujero económico en la empresa de unos 6 millones de euros. Tres meses más tarde, el grupo municipal socialista pidió la creación de una comisión municipal que investigara los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.

Las imputaciones de Alperi, Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galant son consecuencia de una querella presentada por el PSPV y admitida por la juez instructora, la titular del Juzgado número 1 de Alicante. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante asumió la acusación pública después de la imputación en el sumario de los tres cargos del PP. La magistrada mantiene abierta la instrucción cuatro años después. El principal imputado es el ex gerente, y junto a él otras 18 personas, incluidas el alcalde y los dos ediles del PP. Clavero, arrestado por orden del fiscal en septiembre de 2002, está en libertad provisional.

Pero éste no es el único asunto que Alperi tiene pendiente en los tribunales. El juez de instrucción número 8 de Alicante citó la semana pasada al alcalde como imputado en otro caso, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación municipal de aparcamientos públicos.