El desvío de una riera en Salou beneficiará los intereses de familiares del alcalde

El proyecto para desviar una riera que periódicamente causa inundaciones en Salou y que tiene la aprobación de la Agencia Catalana del Agua supondrá el enriquecimiento de familiares del alcalde, el independiente Esteve Ferran Ribera. Así lo denunciaron ayer los afectados, que explicaron que el plan, más que para evitar inundaciones, está marcado por los intereses de la familia del edil, ya que un primo suyo y el hijo de éste poseen decenas de fincas en una zona que dejará de ser inundable y por ello se revalorizará en el municipio turístico más importante de Tarragona.

El primo del alcalde, Esteve Blasi Ferran, y el hijo de éste, Javier Blasi, administran las sociedades Mas Clariana y Blagater, dueñas mayoritarias de la mayoría de las parcelas del nuevo sector urbanizable. En 2004 poseían 32 de las 118 fincas de las que consta la zona, cifra que aumentó hasta más de 60 a final de 2005. La zona estaba calificada como rústica, pero el plan de ordenación urbana aprobado en 2003 destina el área, entre otras actividades, a albergar un "nuevo modelo turístico resort", aquellos hoteles en los que el usuario, si quiere, no tiene que salir fuera a buscar ningún producto ni diversión.

La Comisión de Urbanismo de Tarragona, dependiente de la dirección de Urbanismo de la Generalitat, autorizó en mayo de 2003 este nuevo plan de ordenación de Salou.

Blasi Ferran es también el propietario del cámping Sangulí, situado junto al sector urbanizable resultante de la canalización de la riera.

Explicación del consistorio

El consistorio ha explicado en repetidas ocasiones que la mejor opción para evitar las periódicas inundaciones que padece Salou es recanalizar la riera de Barenys.

Al ser preguntado por EL PAÍS por este asunto, un portavoz oficial del Ayuntamiento defendió ayer la necesidad de reconducir la riera de Barenys. "Si un proyecto que elimina para siempre las inundaciones no es de interés público, entonces no se qué lo es", señaló el portavoz, que precisó que el trazado del proyecto se ha hecho de acuerdo con los criterios de la Agencia Catalana del Agua, que es la que ha impuesto sus opinión. Sobre la denuncia de los vecinos, el citado portavoz no ofical no quiso opinar.

El desvío de la riera comporta el nacimiento de un nuevo sector urbanizable que históricamente había sido rústico y está situado en una zona de expansión natural del pueblo. Pero la construcción de una nueva desembocadura para la riera conlleva la expropiación de tres chalets y 16 pisos en primera y segunda línea de mar, a lo que se oponen los afectados.Mas Clariana y Blagater fueron adquiriendo fincas desde la década de 1970. Existen fincas inscritas en el registro de la propiedad como rústicas durante la redacción y tramitación del nuevo plan urbano. Ahora son urbanizables y los vecinos aseguran que buena parte de las propiedades pasaron a manos de familiares del alcalde durante la tramitación del plan.

La aprobación del plan de ordenación de Salou y la consiguiente recalificación de los terrenos se ha producido siendo concejal de Urbanismo Esteve Ferran Gombau, hijo del alcalde del mismo nombre. Ferran Gombau, además, compró una finca en la zona por 30.000 euros en 2000 y la vendió en 2004, con el terreno ya recalificado, por 506.000 euros.

Ayer CiU, socio de gobierno de la formación independiente que gobierna en Salou, exigió al alcalde, Esteve Ferran Ribera, que retire la cartera de Urbanismo a su hijo, Esteve Ferran Gombau. Los convergentes exigen el cese del concejal hasta que "queden claras las responsabilidades de su gestión en el área de Urbanismo" y amenazan con salir del consistorio.

La Fiscalía de Tarragona investiga la gestión municipal, tras la denuncia la semana pasada de una polémica concesión para construir un geriátrico en suelo municipal. El consistorio autorizó la operación a una empresa, en la que, entre otros, figura como socia la esposa del secretario municipal, y aumentó el techo constructivo de los 9.000 a los 20.000 metros cuadrados y permitió la construcción de 77 apartamentos tutelados. La concesionaria pagará 9.000 euros anuales por el alquiler del terreno, una cantidad muy inferior a la del mercado.

El interventor municipal, Juan Manuel Hernández, puso objeciones a esta recalificación y el consistorio le ha contestado proponiéndole para una suspensión de empleo de 21 meses.