El PSOE eliminará en una ley "el error" de definir a España como "Estado plurinacional"

El Grupo Socialista corregirá en el Senado el proyecto de ley del estatuto de los españoles en el exterior, aprobado ayer en el Congreso, para eliminar del texto la denominación "Estado plurinacional", en alusión a España. Tras su paso por el Senado, se hará realidad la adquisición de derechos sociales y políticos para los residentes españoles en el extranjero, recogidos en el llamado Estatuto del Emigrante.

Pero su aprobación ayer en el Congreso, con el apoyo de todos los grupos en las partes sustanciales, se vio oscurecida y envuelta en la trifulca política habitual entre PP y PSOE. Los parlamentarios populares Pilar González y Miguel Barrachina denunciaron las denominaciones que de España se hacen en dos artículos. En efecto, el BNG y ERC propusieron sendas enmiendas por las que se denomina a España como Estado plurinacional y se cambia, en un artículo la palabra España por "Estado Español".

El portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, dijo a este periódico que había habido "una redacción equívoca que en los sucesivos trámites parlamentarios será corregida, pero lo importante es su finalidad: fomentar la cultura española en el exterior. No se pretendía en ningún caso reconocer un supuesto carácter plurinacional al Estado español, ni mucho menos definirlo como tal".

Pensiones

Lo cierto es que ese texto ya figuraba en el aprobado por la ponencia la pasada semana y que revisó el Gobierno y el propio Grupo Socialista. Pero nadie reparó en esas expresiones, pendientes como estaban en aspectos sobre nacionalidad y pensiones, como señaló la ponente socialista Pilar López.

Pero el PP sí reparó y ayer lo denunció. El artículo 24 de este Estatuto del Emigrante dice: "El Estado en coordinación con las comunidades autónomas promoverá la divulgación y el conocimiento de la diversidad cultural española". Y se añade, "del Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico en el exterior". Ahora se hará una nueva redacción en la que desaparecerá la palabra plurinacional, al ser este un vocablo propio de los partidos nacionalistas y ajeno a la tradición del PSOE, según reconocen fuentes del Grupo Socialista, que ayer vivió con consternación ese "fallo",

En su descargo invocaban la importancia del texto para un colectivo que alcanza el millón y medio de personas. Los derechos se aplicarán a quienes ostenten la nacionalidad española y residan fuera del territorio nacional, así como a los que se desplazan temporalmente al exterior y a los españoles de origen que retornen a España para fijar su residencia definitiva. También a los cónyuges y a los hijos. No a los nietos, como han solicitado colectivos de emigrantes

Aunque la precisión de los derechos se fijará en un Reglamento, son seguras las prestaciones sanitarias, con "gradual equiparación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud". El Estado atenderá con carácter prioritario a los mayores y dependientes que carezcan de recursos. El Estado suscribirá convenios con entidades aseguradoras o prestadoras privadas, aunque prioritariamente lo hará con las entidades públicas de los países en los que vivan los emigrantes españoles.

A propuesta del portavoz de CiU Carles Campuzano se activarán las pensiones del extinto sistema de cotización denominado SOVI, que afecta a un colectivo importante de emigrantes residentes en Francia. El derecho a la pensión se extenderá al máximo para los mayores de 65 años que no tengan recursos para cubrir sus necesidades básicas en el país que residan. Los ciudadanos en esta situación que vuelvan a España podrán cobrar esa prestación ya ajustada al sistema de Seguridad Social.

Los poderes públicos españoles "potenciarán una red de servicios sociales" en los lugares de residencia de los residentes en el exterior. También se ayudará a las personas dependientes. En otro terreno se convalidarán los estudios y títulos extranjeros. Para la coordinación de las ayudas y la interlocución directa se crea la Oficina Española del Retorno para ayudar a los compatriotas que vuelvan, y un Consejo General de la Emigración se ocupará de las necesidades de los emigrantes españoles. Todo será competencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.