La oposición exige a Barberá que frene la contratación de obras sin concurso

La oposición al gobierno local del PP en Valencia exigió ayer que todas las empresas tengan las mismas oportunidades para adjudicarse obras municipales y se frene la contratación directa. La auditoría del Ayuntamiento revela que el 70,4% de la inversión de 2005 se concedió sin concurso, lo que a juicio de socialistas y EU-L'Entesa vulnera la libre concurrencia y la ley de contratos. El portavoz del PSPV-PSOE, Rafael Rubio, afirmó que su partido creará una comisión de control de la contratación pública si accede a la alcaldía en 2007. El PP insistió en que cumple la legalidad.

Senent defiende que el ahorro y la buena gestión caracterizan al gobierno popular

El interventor destaca el aumento del gasto adjudicado por encargo directo a las contratas, concesionarias municipales y la empresa pública Aumsa, que supone el 70,4%, frente al escaso 12,4% de obras sometidas a concurso.

Rubio denunció que la contratación directa deja en manos de menos de una decena de grandes contratistas el grueso de las obras. A modo de ejemplo, explicó que entre el 7 y 13 de septiembre la Junta Local de Gobierno aprobó la asistencia técnica para remodelar jardines por un importe de 53.000 euros que se fraccionó en ocho expedientes, todos adjudicados a la misma empresa. Como medida para frenar la contratación "a dedo" y para "favorecer la libre concurrencia, la transparencia en la gestión y a las pymes", los socialistas pretenden crear una comisión de control de las adjudicaciones e impedir que las contratas "automáticamente" asuman otras inversiones. Si ganan las elecciones de 2007, las obras saldrán a concurso para que "todas las empresas tengan opción a trabajar con el Ayuntamiento", señaló.

Para los socialistas, la auditoría refleja una "situación de contratación a los amigos", de aumento de la deuda, que sitúan en el 132%, y "de despilfarro". Así, los intereses de demora por la contratación de servicios sin presupuesto suficiente se han "multiplicado por cuatro" en dos años, pasando de 701.000 euros en 2003 a algo más de tres millones en 2005. "Todos los indicadores de gestión han empeorado", aseguró el concejal socialista Juan Ferrer, que incidió en que los expedientes sin cobertura económica indican que "el presupuesto está mal hecho", que se incumple la ley de contratos, hay sobrecostes, y no se controla a las concesionarias -un solo inspector revisa la limpieza en 262 dependencias municipales-.

En cambio, como demuestra la auditoría de ingresos, el Ayuntamiento "cobra muy bien, cumple escrupulosamente la ley a la hora de cobrar" impuestos y tasas, ironizó Ferrer. "No se puede gobernar de esta manera", añadió Rubio, quien se comprometió a sanear las cuentas locales sin subir la presión fiscal en el próximo mandato si gobierna el PSPV-PSOE. Rubio, que puso en duda el anuncio del concejal de Hacienda, Silvestre Senent, de que congelará los impuestos en 2007, propone una "mejor redistribución" de tasas como la de vados o de ocupación de la vía pública.

La concejal de EU-L'Entesa, María Victoria González, exigió que la auditoría se envíe a todas las concejalías para "se ajusten a la ley de contratos". La edil destacó que el interventor ha puesto objeciones al 27,1% de las subvenciones concedidas, al 20,5% de las inversiones y al 41,7% de los gastos superiores a 3.000 euros en mantenimiento. El porcentaje de recaudación de tasas es muy alto (del 90% en impuestos fijos), pero se mantiene la baja ejecución en la gestión de las multas, resaltó González, ya que en 2005 se anularon 489.822 sanciones por 26,9 millones de euros y sólo se ingresó el 25,85%.

"En este Ayuntamiento el ahorro y la contención del gasto, unido a la buena gestión y a la ejecución de las inversiones que Valencia necesita, han sido la tónica general desde que gobierna el PP", fue la réplica de Senent. El concejal presumió de que en 16 años "simplemente" se han actualizado los impuestos. En relación con la auditoría, Senent no explicó las adjudicaciones directas, aseguró que son legales e invitó a la oposición a "ir al juzgado".