ICV denuncia ante el fiscal la compraventa de una finca del hijo del alcalde de Salou

La compró como finca rústica y la vendió cuatro años después como urbana. Así, el hijo del alcalde de Salou (Tarragonès), Esteve Ferran Gombau, que también es concejal de Urbanismo, ganó 476.000 euros, según la denuncia que ayer presentó ICV ante la Fiscalía de Tarragona. El concejal aseguró anteayer que la finca siempre había sido urbana y que, de hecho, así figura en los recibos de la contribución municipal desde 1995, aunque admitió que al comprarla figuraba como rústica en el Registro de la Propiedad.

ICV denunció también que Ferran Gombau y el alcalde, su padre, que tienen el mismo nombre, han participado activamente con sus votos en un proceso de modificación del planeamiento urbanístico de Salou que ha supuesto una "revalorización" de la finca.

La Fiscalía de Tarragona va acumulando denuncias sobre la gestión del consistorio de Salou. El lunes fue ERC la que trasladó al fiscal la concesión de un geriátrico y su posterior recalificación, y la compraventa de la finca por parte del concejal de Urbanismo. Ayer ICV remitió a la fiscalía los registros de la propiedad en los que, a su juicio, queda demostrada la recalificación que ha sufrido esta finca.

Descripción notarial

Ferran Gombau aseguró el lunes en conferencia de prensa que la finca, que compró en agosto de 2000 por 30.000 euros, había sido siempre urbana desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (POUM) de 1992, aunque reconoció que en el Registro de la Propiedad constaba aún como rústica, porque, aseguró, "los notarios copian literalmente la descripción de la finca" y hasta su venta en 2004 no quedó constancia del cambio de calificación.

La diputada ecosocialista Dolors Comas estableció ayer un vínculo entre el caso de Salou y el de Terres Cavades, que en 2004 terminó con la dimisión del concejal de Urbanismo de Tarragona, Ángel Fernández. Comas recordó que tanto el alcalde, Esteve Ferran Ribera, como su hijo, el concejal de Urbanismo, participaron en unas votaciones de modificación del POUM -aprobado inicialmente en 2001 y definitivamente en 2003- que comportaron una revalorización de esa finca. Comas añadió que la normativa catalana sobre el régimen de la Administración local establece que un concejal no pueden participar en votaciones en las que puedan resultar beneficiados familiares suyos de hasta segundo grado. De hecho, éste fue el argumento del Departamento de Política Territorial para anular el plan parcial de Tarragona conocido como Terres Cavades, ya que el voto de Fernández, que, junto con su hermano, tenía intereses económicos en la zona, fue clave para la aprobación del proyecto de urbanización de la zona. En el caso de Salou, padre e hijo han coincidido en el equipo de gobierno desde 1999 y ambos votaron la última modificación del POUM.