La Comisión propina un doble varapalo a España por los obstáculos a E.ON
Clos asegura que el Gobierno respetará el derecho comunitario "porque también es español"
La Comisión Europea dará hoy un doble varapalo a las autoridades españolas por su obstrucción a la compra de la eléctrica Endesa por el gigante alemán E.ON, en una operación de 29.600 millones de euros. Por una parte, la Comisión ha decidido que las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía para la compra de la primera compañía eléctrica española "son ilegales". Pero además la Comisión ha decidido exigir formalmente a España que modifique el decreto del pasado 24 de febrero que aumentó los poderes de la Comisión Nacional de Energía.
En este segundo caso, el Ejecutivo comunitario apremia al Gobierno español a que realice las correcciones en el plazo de dos meses o será enviada al Tribunal Europeo de Justicia.
Con este panorama de fondo, el flamante ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, se estrenó ayer en Bruselas en el Consejo de Ministros de Competitividad de la UE. Clos manifestó la total disposición del Gobierno a respetar el derecho europeo, al ser preguntado por el caso Endesa. "Somos muy respetuosos con el derecho comunitario porque es derecho español". "Estudiaremos con profundidad la resolución de la Comisión y el siguiente paso vendrá con la resolución de los recursos de alzada ante los tribunales españoles".
Las actuaciones del Gobierno español, y sobre todo las condiciones fijadas por la CNE, han sido objeto de una doble vigilancia y presión por parte de los comisarios Neelie Kroes (Competencia) y Charlie McCreevy, (Mercado Interior). Hoy precisamente la Comisión acordará formalmente en Estrasburgo las decisiones a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
En relación con las 19 condiciones fijadas por la CNE, la decisión de la Comisión se basa en dos hechos. En primer lugar, el Ejecutivo comunitario considera que "la decisión de la CNE fue adoptada y entró en vigor sin previa comunicación y aprobación" por parte de la Comisión, lo que viola el artículo 21 del reglamento de fusiones de la UE. En segundo lugar, "las condiciones establecidas por la CNE a E.ON para la compra de Endesa son contrarias a las normas del Tratado de la UE referente al libre movimiento de capitales y a la libertad de establecimiento".
La Comisión afirma que "las condiciones impuestas por la CNE son ilegales y requiere a España para que las retiren sin retraso". La decisión del Ejecutivo comunitario es vinculante y puede ser invocada ante cualquier tribunal o autoridad pública en España.
Comunicación previa
La Comisión recuerda que al amparo del artículo 21, tiene la competencia exclusiva sobre las fusiones de dimensión comunitaria, como este caso, que aprobó sin condiciones el pasado 25 de abril. Cualquier decisión que adopten las autoridades nacionales por motivos de seguridad u otros, pero que tengan impacto sobre la operación, debe ser comunicada previamente a la Comisión, que dispone de 25 días laborables para decidir si cumple con el derecho comunitario.
En relación con la ampliación de las competencias de la CNE, la decisión que tomará hoy el Ejecutivo es la segunda fase del procedimiento de infracción conocida como "aviso motivado". La primera fase, "carta de notificación", la recibió España en mayo. Ahora las autoridades españolas tienen dos meses para corregir la ley y evitar ser llevados al Tribunal de Luxemburgo.
Los hechos demuestran que el escrito aclaratorio enviado el 13 de septiembre por las autoridades españolas no logró modificar un ápice el malestar en Bruselas. Según fuentes comunitarias, el escrito en el fondo justificaba cada una de las 19 condiciones, aunque dejaba la puerta abierta a su corrección con ocasión de la resolución de los recursos de alzada contra la decisión de la CNE, presentados ante el Ministerio de Industria por las empresas afectadas. Las mismas fuentes señalan que España sólo hacía una declaración de voluntad, pero no se comprometía a ninguna rectificación concreta, lo que irritó a los comisarios que vigilan la operación.
En concreto, el Gobierno se mostraba dispuesto a revisar con "otras alternativas diferentes a las expuestas por la CNE que de forma más proporcionada permitan hacer frente a los riesgos descritos sin obligar a desinvertir activos". Las condiciones fijadas por la CNE, amparadas en el logro de la seguridad energética, obligaban a E.ON a desprenderse de un 32% de los activos de Endesa y de la gestión de las centrales nucleares. Las ventas exigidas por la CNE se refieren explícitamente a la central nuclear de Ascó I, los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y las centrales de Compostilla, el complejo minero de Teruel y la participación en Anllares. En total estas ventas reducen la capacidad en 7.600 megavatios.
