Benidorm legaliza la estación con las obras ya acabadas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm aprobará el viernes, merced a la mayoría absoluta del PP, los cambios en la estación de autobuses, cuando la obra ya está casi acabada. El proyecto inicial fue adjudicado a una UTE, liderada por Enrique Ortiz, por 50 años. El promotor introdujo importantes variaciones durante la ejecución, que han dejado al edificio en una situación que el PSPV califica de "ilegal" y "fuera de ordenación".

El proyecto básico de la estación de autobuses permitía al gestor de la dotación construida sobre suelo municipal beneficiarse con la explotación de una pequeña área comercial de 500 metros cuadrados, que finalmente ha ascendido en la obra a más de 11.000. El edificio contemplaba también la construcción de un hotel de servicio para los conductores de autobuses, pero tras las modificaciones realizadas por el promotor se convertirá en un hotel de tres estrellas con más de 100 habitaciones. Estos cambios se han realizado vulnerando el proyecto básico y con el silencio tácito por parte del Ayuntamiento, propietario de la infraestructura.

El gobierno local reconoce el desajuste, por lo que los servicios jurídicos estudian el establecimiento de una sanción por el exceso de construcción y un canon urbanístico voluntario que puede oscilar entre los 1.5 y los 2 millones de euros, según fuentes próximas a Urbanismo. Además, la empresa constructora deberá realizar varias mejoras para el municipio, como la construcción de un retén para la policía y el acondicionamiento del entorno del edificio. El acuerdo contempla que el periodo de explotación de la UTE liderada por Ortiz sea de 70 años, y no 40 como se estipulaba inicialmente, con lo que la firma recuperaría su inversión.

El concejal socialista Jaime Llinares comparó la situación con la del edificio Atrium Beach de La Vila Joiosa y la del Hotel Kaktus Albir de L'Alfàs del Pi, ambos con órdenes de demolición, aunque la gravedad en este caso sería mayor, al tratarse de una concesión municipal. Llinares visitó las obras acompañado de los once ediles socialistas, que se quejan de la "falta de información y opacidad" por parte del Gobierno local. El PSPV no pide la demolición, pero sí que el Ayuntamiento no negocie con Ortiz las compensaciones e imponga una multa que "devuelva a los ciudadanos la volumetría robada".

Ortiz ha vencido las reticencias del sector empresarial de la ciudad, principalmente los comerciantes locales -agrupados entorno a AICO- que incluso amenazaron con crear un nuevo partido político ante la amenaza que suponía esta nueva superficie comercial para sus negocios. El promotor regalará los locales para las oficinas y hará descuentos a los asociados que se ubiquen en el centro comercial, lo que ha neutralizado las críticas lanzadas por la asociación y el peligro que suponía políticamente para el PP la irrupción de este lobby empresarial.