Una historia un poco larga

No resulta fácil explicar en pocas palabras el problema recurrente que se suscita en Navarra respecto de su relación actual con la Comunidad Autónoma Vasca, la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, que regula la posibilidad de integrarse en el País Vasco, o la política de alianzas.

Por simplificar, cabe decir que la población navarra se adscribe a dos culturas políticas -la castellanista y la vasquista-, diversidad que se apoya en hechos culturales antiguos que se asumieron de distinta manera al entrar en la modernidad y en la evolución de la provincia durante los últimos 150 años. A partir del XVII, a la hora de caracterizar a Navarra dentro de la monarquía española, los historiadores navarros pusieron el énfasis en su Derecho privativo y en la antigüedad de la lengua vasca -mayoritaria entonces en Navarra- como argumentos de peso para la precedencia entre los reinos peninsulares. En todo caso, desde el siglo siguiente, compartieron con las provincias vascongadas la incertidumbre sobre la supervivencia de los Fueros.

No hay datos objetivos para afirmar que se va a modificar el estatus de Navarra

La escisión social interior respecto al estatus político llegó con el advenimiento del régimen constitucional. Las élites navarras aceptaron sin mayor resistencia, en la Ley Paccionada de 1841, la abolición de las instituciones políticas del reino, a cambio de conservar la fiscalidad y algunas instituciones administrativas. Sin embargo, en ciertos ámbitos se mantuvo viva una especie de reivindicación permanente de la reintegración foral. Por otra parte, la Diputación provincial que negoció la transformación, representativa del bando ganador de aquella primera guerra civil, prefirió pactar por separado con Madrid, alegando que la firmeza de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en la preservación de la foralidad podría perjudicar el cambio que estimaban necesario. A partir de entonces se afianzó el desarrollo autonómico separado del resto de los territorios forales, que es la cultura que hoy domina institucionalmente en la provincia. Pero no es la única opción que desde entonces se ha barajado en Navarra.

En los vaivenes del XIX, fue Navarra la que, en 1865, dirigió a las provincias vascongadas propuestas concretas de regionalización, adelantándose en un cuarto de siglo al intento catalán contenido en las Bases de Manresa. Y fue en Navarra, bastante antes de la aparición del nacionalismo vasco, donde surgió el movimiento de los Euskaros, que difundió con cierto éxito la idea del Laurak bat [los cuatro (territorios vascos) son uno] e incluso del Zazpiak bat [siete son uno], hasta materializarse en las propuestas políticas de los años veinte y treinta del siglo XX.

El recuerdo de lo acontecido antes y durante la Segunda República tuvo una gran repercusión en lo que ocurrió en Navarra en la transición, entre 1976 y 1980. No hay que perder de vista que los ayuntamientos navarros apoyaron masivamente, en agosto de 1931, el Estatuto del País Vasco-Navarro elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos y que, en enero del año siguiente, volvieron a apoyar mayoritariamente un Estatuto conjunto [el de Estella], aunque ya con menos fuerza. El proceso terminó en junio de ese mismo año de 1932 en el teatro Gayarre de Pamplona, aunque está probado que el Estatuto conjunto hubiera sido respaldado, si los compromisarios municipales hubieran sido fieles al mandato imperativo recibido de sus ayuntamientos.

La creciente radicalización antirrepublicana de la derecha navarra, que ostentaba toda la representación parlamentaria de la provincia, y la adhesión también creciente del estatutismo vasco al nuevo régimen, hizo nacer entonces una alianza estratégica entre la izquierda navarra y el nacionalismo vasco. Poco antes del comienzo de la Guerra Civil los partidos y organizaciones del Frente Popular de Navarra, atemorizadas por una derecha navarra muy agresiva que conspiraba contra la República, pidieron al presidente de las Cortes que no se privara a la provincia del derecho a formar parte del Estatuto vasco en tramitación.

La alianza estratégica entre la izquierda y el nacionalismo vasco de Navarra operó durante varias décadas durante la dictadura de Franco, cuando el Gobierno vasco y las entidades que aglutinaron al republicanismo navarro en el exilio mantuvieron un diálogo fluido y compartieron objetivos. Y se manifestó con naturalidad en el comienzo de la transición, en el Pacto Autonómico suscrito entre socialistas y nacionalistas vascos, reforzado con la creación de una candidatura conjunta para el Senado. Sin conocer esta alianza de larga duración en tiempos difíciles, no se puede entender la configuración que tomó el régimen de autonomía provisional o la creación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. Incluso su Disposición Adicional Primera.

La alianza terminó en los primeros años ochenta por distintos motivos: porque la reforma dejó intactos los poderes económicos y mediáticos de la pujante derecha navarra, que consiguió reconducir el proceso; por la exclusión del nacionalismo democrático en la negociación del Amejoramiento; y -podría ser muy bien el primer motivo- porque el cáncer de ETA minó el crédito del vasquismo político en Navarra, al que se calificó en su conjunto, creo que muy injustamente, como "compañero de viaje" del terrorismo (sin embargo, la crítica tenía alguna razón, pues el mundo de Herri Batasuna resultó electoralmente hegemónico en este campo). Y tuvo que ver mucho la evolución del Partido Socialista de Navarra, integrado pronto por cuadros ajenos a la oposición al franquismo y más interesados en la tarea de gobierno que en el cambio.

De sostener la doctrina de la integración en una autonomía conjunta con el País Vasco, la dirección del socialismo navarro pasó a abrazar y defender el conjunto de doctrinas elaboradas en los años setenta por Jaime Ignacio del Burgo, personalidad clave para entender el autogobierno de Navarra. Cabría pensar que el repliegue iría hacia posiciones propias, intermedias, capaces de atraer a las fuerzas que necesita el socialismo navarro para gobernar y de tender puentes dentro de una sociedad fragmentada. Sin embargo, han sido los socialistas los primeros en postular la abolición de la Transitoria Cuarta de la Constitución, y los partidarios de una amigable alternancia con UPN basada en la cooperación y el mutuo apoyo. Algo que ha beneficiado decisivamente a este último partido y desorientado profundamente al socialismo navarro. No ganarán a UPN a la hora de tensar la cuerda antivasquista.

Pero, explicaciones históricas y políticas aparte, hoy estamos donde estamos. A mi entender, la consideración de Navarra como un problema en el proceso de pacificación -lo de la "moneda de cambio", etcétera-, es una fantasía de algunos pocos y un enredo de mala fe y obstruccionista de los que conducen la derecha navarra y estatal. No hay datos objetivos consistentes para afirmar que se va a modificar el estatus de Navarra sin el consentimiento de los ciudadanos, cuestión en la que coinciden, como no puede ser menos, todos los partidos y proyectos estatutarios.

Gregorio Monreal Zia es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra.