El Ayuntamiento de Salou destituye a dos funcionarios que denunciaron recalificaciones

El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Salou (Tarragona) por haber destituido de sus funciones al interventor y al tesorero municipal, quienes habrían alertado al equipo de gobierno de que varias recalificaciones urbanísticas no se ajustaban, según su criterio, a la legalidad. El tribunal, que es el encargado de fiscalizar la actuación de las Administraciones públicas, ha iniciado las diligencias previas para conocer del consistorio la justificación del cese de empleo y sueldo del interventor. En el consistorio gobierna una coalición de independientes, CiU y el PP.

Uno de estos proyectos, que a juicio de los funcionarios destituidos es irregular, es el de la construcción de un nuevo geriátrico, promovido, entre otros socios, por la esposa del secretario municipal. El ayuntamiento cedió en febrero de 2005 una superficie de 8.894 metros cuadrados a una unión de empresas para edificar un geriátrico que, sumando las plantas, no debía superar los 9.500 metros cuadrados de edificabilidad. Durante el proceso de tramitación, esa edificabilidad se amplió hasta los 20.000 metros y se dejó la puerta abierta a la construcción de apartamentos o bungalós para alquilarlos con posterioridad a jubilados, según advierten fuentes municipales.

Este geriátrico se ubica en suelo municipal, que ha sido cedido a la empresa explotadora por 75 años, el tiempo máximo que permite la ley. A cambio, los promotores deben pagar un alquiler de solamente 9.000 euros anuales y han quedado eximidos de pagar la licencia de obras.

Además, el ayuntamiento ha recalificado el actual geriátrico, propiedad de parte de los promotores del nuevo, y permitirá construir viviendas en una zona de la instalación.

Precios bajos

Juan Manuel Hernández, el interventor expedientado, alertó al equipo de gobierno de que la operación de cesión del terreno a cambio de 9.000 euros anuales debía justificarse por alguna razón mayor, ya que era un precio muy por debajo del de mercado y posibilitaba un enriquecimiento notable de los promotores.

La empresa que gestionará el nuevo geriátrico se llama Reus, Salut i Benestar, SL. Esta sociedad es el resultado de la fusión o cambio de nombre de varias empresas, entre las cuales se encuentra STS Gestió de Serveis Sociosanitaris y en la que figura como socia la esposa del secretario municipal.

El interventor también se había mostrado contrario a la reforma en el área de Hacienda, que le apartaba de su cargo. Según su denuncia ante los tribunales, esta área ha terminado con personas que no reúnen los requisitos necesarios ocupando cargos de responsabilidad en la gestión municipal. Otros proyectos a los que se opuso el responsable de fiscalizar las cuentas municipales fueron la concesión del transporte público y de la grúa municipal.