La voracidad sin límites de un viejo concejal amigo de Gil
"No contestes, Victoriano, que ya lo hacemos nosotros por escrito". Esta frase se escuchaba por el micrófono abierto de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, todos los meses cada vez que la oposición municipal reclamaba a Victoriano Rodríguez, ex concejal de Transportes, Tráfico y Vía Pública información sobre asuntos sensibles como la concesión de las líneas de autobuses, los contratos de publicidad estática o el destino de Rolls Royce oficial del fallecido alcalde Jesús Gil.
El silencio impasible y la discreción de Rodríguez (Talavera de la Reina, 1929), al que no se le recuerda ninguna intervención en los plenos marbellíes, siempre oculto tras un enorme puro, eran proporcionales, según el juez instructor del caso Malaya, a su avidez a la hora de cobrar comisiones a los empresarios por su labor como concejal. "Victoriano le exigía dinero de forma periódica por permitirle ejercer su actividad a modo de impuesto revolucionario", escribe el juez Miguel Ángel Torres en el auto por el que envió a prisión a Rodríguez durante 165 días. El ex concejal tiene la lista más extensa de cargos de los 62 imputados del caso Malaya: prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencia y alteración del precio en concursos y subastas públicas.
"El ex edil exigía pagos a los empresarios como si fuera un 'impuesto revolucionario"
Victoriano Rodríguez, agricultor y corredor de fincas procedente Madrid, entró en el Ayuntamiento de Marbella de la mano de un amigo: el fallecido alcalde Jesús Gil. Sus primeros pasos en la vida municipal los dio en el puerto deportivo de Marbella, donde se ocupaba de la gestión de los vehículos, una de sus grandes pasiones. Rodríguez tiene tres Mercedes S-350, un Subaru Elegance y un Lexus supuestamente exigido al empresario Ismael Pérez Peña a cambio de la concesión del servicio de renting de los vehículos municipales. Además, a sus 78 años condujo personalmente el Rolls Royce de Gil a una finca de Pérez Peña en la sierra de Madrid.
Tras su paso por el puerto Rodríguez pasó a formar parte de las sociedades municipales creadas por Gil para escamotear la gestión de la ciudad de la fiscalización política. El ex concejal, que ha pasado 165 días en prisión preventiva, figura como presidente de las empresas Tributos 2000 SL, Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 SL y Sanidad y Consumo 2000 SL y como administrador de Compras 2000 SL.
El salto a la política visible no lo dio hasta las últimas elecciones municipales, y su participación más destacada fue la firma de la moción de censura que desbancó al ex alcalde ahora encarcelado Julián Muñoz. Quienes han tratado con él lo definen como un hombre "gris" y "autoritario", en lo político y "ni frío ni cordial" en lo personal.
Las escuchas que el Cuerpo Nacional de Policía realizó en la investigación de la operación Malaya dejan patente que la única pasión de Rodríguez, a la que se entregaba de forma insaciable, era enriquecerse. "Oye mira, yo con 500.000 pesetas no puedo estar porque, eh, eh, para eso me voy... pago mil euros de piso, me quedan dos mil... a ver...", le decía el pasado diciembre a un interlocutor anónimo después de haberse reunido con la ex alcaldesa Marisol Yagüe y con el ex gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, quienes le informaron de que las arcas municipales, de las que supuestamente habían estado aprovechándose, estaban vacías.
Rodríguez, de acuerdo con Roca y por lo tanto, de acuerdo con Yagüe, reclamó a la empresa de autobuses Portillo 390.000 euros a cambio de prorrogar la concesión del servicio de autobuses municipal. Más tarde, paralizó la instalación de material publicitario de la empresa del imputado Rafael Llopis para exigir una nueva mordida sobre un soborno anterior. Los 349.000 euros en billetes de 500 euros hallados en su caja fuerte son, según él, "fruto del trabajo de toda una vida".
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